Tegucigalpa, Honduras. – La guerra de denuncias políticas ha tomado un giro tecnológico y mediático. Un grupo de jóvenes representantes de los partidos Nacional y Liberal se presentó este martes ante el Ministerio Público, no solo con un escrito, sino con una memoria USB en mano, para interponer una denuncia formal contra altos funcionarios del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
El acto, cargado de simbolismo, busca presionar directamente al Fiscal General, Johel Zelaya. Los jóvenes le han lanzado un ultimátum: tiene 24 horas para hacer públicos los nombres de los implicados en tres casos de supuestos delitos electorales, documentados con audios y videos contenidos en el dispositivo.
«Esperamos que en un plazo de 24 horas el fiscal general publique los nombres de las personas denunciadas; caso contrario, procederemos nosotros a divulgarlo públicamente», advirtió uno de los denunciantes a las afueras de la Fiscalía.
La exigencia hace una referencia directa a un caso anterior, en el que el fiscal Zelaya actuó con celeridad tras recibir una denuncia similar en una USB por parte del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa. Los jóvenes opositores demandan ahora la misma diligencia y transparencia.
Según los demandantes, entre los señalados se encuentran actuales diputados del partido Libre en el Congreso Nacional y exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro. Han solicitado que el material audiovisual sea sometido a un peritaje forense y que se le aplique la debida cadena de custodia para garantizar su validez como prueba.
Además de la denuncia, el grupo expresó su respaldo a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, quienes, según ellos, están siendo objeto de una «embestida» dentro del órgano electoral, en un claro mensaje de apoyo a las figuras opositoras en la actual pugna por el control de las instituciones.
