El viernes, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (TSJ) anunció que el Cuarto Tribunal Estatal condenó a nueve miembros de un grupo paramilitar involucrado en la ola de violencia generada desde un barrio de chabolas de Caracas a principios de julio.
Los jueces impusieron penas de hasta cinco años de prisión a los imputados por delitos relacionados con el uso de vehículos robados, asociación para cometer un delito, resistencia a la autoridad y encubrimiento de delitos.
Las autoridades también decidieron iniciar un proceso contra otros 15 ciudadanos por delitos más graves, entre los que se encuentran la comisión de actos de terrorismo, asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas, uso de ropa militar y uso de menores para la comisión de delitos.
Entre el 7 y el 10 de julio, un grupo delictivo desencadenó acciones violentas en la colonia Cota 905 como parte de un operativo de desestabilización política. Sus acciones resultaron en la muerte de varios ciudadanos.
Una vez controlada la situación en el barrio de Caracas, las autoridades bolivarianas presentaron a la comunidad internacional pruebas de que las acciones delictivas eran parte de un operativo de extrema derecha planificado con el apoyo de Colombia y Estados Unidos.
Además de tratar de presentar a Venezuela como un ejemplo de «Estado fallido», las acciones terroristas apuntaron a crear las condiciones para evitar la realización de las elecciones subnacionales el 28 de noviembre.
«Hemos desmantelado y seguiremos desmantelando el modelo colombiano de terrorismo y muerte», dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre los hechos de la Cota 905, destacando que el apoyo de la población a las fuerzas de seguridad permitirá mantener la paz en su país.
