Tegucigalpa – Un juez hondureño aprobó este lunes la extradición de Teodoro Rodas Dubón, solicitado por una corte federal de Portland, Oregón, por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de 400 gramos de una mezcla que contiene fentanilo, una droga sintética altamente letal que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Rodas Dubón, capturado el 14 de enero en San Pedro Sula durante un operativo conjunto de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), se convierte en el más reciente de una serie de hondureños extraditados por casos relacionados con el tráfico de fentanilo.
La autorización de su extradición se produce a apenas 11 días del vencimiento del tratado bilateral de extradición entre Honduras y Estados Unidos.
La decisión se suma a una lista creciente de extraditados por casos de fentanilo a California, que incluye a Víctor Viera Chirinos, Mayer Banegas Medina, Elmer Bonilla Matute, Jorge Alberto Viera Chirinos, Orbin Velásquez, Erick Raudales, Javier Marín Gonzales y Abner Estrada, evidenciando el papel de Honduras en la cadena de distribución de este opioide sintético.
Este proceso de extradición se desarrolla en un contexto de tensión diplomática entre Honduras y Estados Unidos, después de que la presidenta Xiomara Castro anunciara la no renovación del tratado de extradición, citando «injerencias» por parte de la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien criticó un encuentro entre autoridades hondureñas y el ministro de Defensa venezolano.
Desde la reforma constitucional de 2012 que permitió la extradición de ciudadanos hondureños, el país ha entregado más de 50 personas a Estados Unidos, incluyendo casos de alto perfil como el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla, sentenciado a 19 años, ambos por delitos de narcotráfico.
La autorización de esta extradición marca uno de los últimos casos bajo el actual tratado bilateral, cuyo futuro permanece incierto tras la decisión del gobierno hondureño de no renovarlo.
