Tegucigalpa, Honduras. – La justicia hondureña tiene una cita con uno de los casos más mediáticos y políticamente explosivos de los últimos años. Este miércoles a las 9:00 de la mañana, el Juez Natural designado para conocer la causa por presunta comisión de 67 delitos de fraude en el caso «Chequesol» dará a conocer su resolución, en un fallo que mantendrá en vilo a los sectores políticos y ciudadanos que han seguido de cerca un expediente que desnudó, a través de un video, el presunto uso de fondos públicos para financiar actividades de campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre).
El caso tiene un origen tan simple como devastador para sus protagonistas: la revelación de un video en el que la diputada Isis Cuéllar y el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, aparecen confirmando la utilización de dinero público para cubrir necesidades de la campaña electoral del partido oficialista.
Una conversación que, captada en imágenes, se convirtió en el detonante de un proceso judicial que hoy involucra a 12 personas y que acumula 67 cargos por fraude, uno de los expedientes más voluminosos en materia de corrupción política que ha conocido el sistema judicial hondureño en tiempos recientes.
Tras concluida la audiencia inicial, el Ministerio Público elevó la presión sobre los implicados al solicitar formalmente el cambio de medidas cautelares, pidiendo sustituir el arresto domiciliario por prisión preventiva para los acusados, una petición que el juez deberá resolver junto con el resto del fallo de este miércoles y que, de ser aprobada, representaría un giro dramático en las condiciones en que los imputados enfrentan el proceso.
Entre los acusados más prominentes figuran la propia diputada Isis Cuéllar, quien ya fue suspendida de su cargo en el Congreso Nacional como consecuencia de este proceso, y el exministro José Carlos Cardona, cuya aparición en el video desencadenó la investigación.
La resolución de este miércoles marcará un nuevo capítulo en un caso que se ha convertido en símbolo del debate nacional sobre la corrupción política y el uso indebido de los recursos del Estado hondureño.
