Tegucigalpa, Honduras. – Un juez designado en audiencia de declaración de imputado dictó arresto domiciliario al exministro José Carlos Cardona y cuatro personas más por el caso del «cheque video» en la Secretaría de Desarrollo Social, mientras la diputada Isis Cuéllar y otros seis implicados permanecen prófugos con órdenes de captura vigentes que permiten a las policías ejecutar arrestos inmediatos sin que el juez haya recibido solicitudes de presentación voluntaria.
El resto de las personas imputadas con medida de arresto domiciliario son Eleny Galeas, Iris Paola Pérez (excuñada de Cuéllar), Ilsy Valeska Baquedano (asistente de Isis Cuéllar) y Reniery Fabrizzio Lazzaroni, quienes junto a Cardona son acusados por el Ministerio Público por la comisión de 67 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública mediante desvío de fondos del Fondo de Administración Solidaria.
La audiencia inicial quedó programada para el viernes 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, instancia procesal donde se formalizarán cargos y se definirán medidas definitivas incluyendo la petición de caución presentada por Cardona de un bien inmueble valorado en casi cinco millones de lempiras que el juez evaluará como garantía adicional de comparecencia.
El exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, se presentó de manera voluntaria a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contrastando con el resto que fueron arrestados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en operativo ejecutado durante las últimas horas para desmantelar la red operativa que facilitó el desvío de recursos públicos hacia actividades político-partidarias.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que el juez designado consideró que el arresto domiciliario es la medida idónea para garantizar la presencia de los imputados en la audiencia inicial, rechazando solicitudes de prisión preventiva que la FETCOOP habría planteado considerando la gravedad de los 67 delitos documentados por la investigación fiscal.
«La medida del arresto domiciliario deberá realizarse bajo vigilancia policial para que se rinda un informe de parte de la Policía Nacional», explicó Silva a periodistas que cubren la fuente judicial, estableciendo mecanismo de supervisión que impedirá a los imputados abandonar sus domicilios o comunicarse con coimputados prófugos que podrían coordinar estrategias de evasión.
Silva comentó que la petición de caución presentada por Cardona de un bien inmueble valorado en casi cinco millones de lempiras será definida en la audiencia inicial del viernes, instancia donde el juez evaluará si el valor patrimonial constituye garantía suficiente considerando la magnitud del fraude investigado que según el exdiputado Luis Cruz involucra apenas siete millones de un total de mil millones manejados irregularmente.
El resto de los imputados presentaron como arraigo constancias de educación, de vivienda, incluyendo de salud y contratos de arrendamiento, documentos que acreditaron residencia fija y vínculos sociales que persuadieron al juez de que no representan riesgo de fuga justificando medida menos severa que prisión preventiva solicitada por fiscales.
Silva recordó que para el resto de los imputados se mantiene vigente las órdenes de capturas y que el juez no ha recibido ninguna solicitud de presentación voluntaria, por lo que las policías pueden capturar a las siete personas restantes entre ellas la diputada Isis Cuéllar que permanece prófuga con paradero desconocido desde que abandonó apresuradamente el hemiciclo del Congreso.
La diferencia entre el trato a Cardona —quien compareció voluntariamente y logró arresto domiciliario— versus la estrategia de fuga de Cuéllar que permanece escondida, evidencia estrategias legales divergentes entre los coinculpados principales que podrían resultar en consecuencias procesales distintas cuando finalmente la legisladora sea detenida o se presente voluntariamente.
Este caso surge por la divulgación del video donde se observa a Cuéllar hablando telefónicamente con Cardona tratando el manejo de fondos de Sedesol para la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán, evidencia que documenta cómo la congresista explica que entregó kits de 125 mil lempiras a 15 coordinaciones partidarias con equipos de sonido, sillas y promocionales.
Este hecho provocó la renuncia de Cardona como ministro de Sedesol, mientras que Libre en una asamblea destituyó de sus cargos partidarios a Cuéllar y se le exigió la renuncia como diputada y candidata a reelección, sin embargo, se mantuvo en su cargo de elección popular y fue reelecta el 25 de enero evidenciando que supuestas sanciones partidarias nunca se materializaron.
El arresto domiciliario bajo vigilancia policial permitirá a los cinco imputados permanecer en sus residencias hasta la audiencia del viernes donde se definirán medidas definitivas, aunque estarán prohibidos de comunicarse entre sí, abandonar sus domicilios sin autorización judicial o contactar testigos y coimputados que podrían comprometer la investigación.
La caución de cinco millones ofrecida por Cardona mediante inmueble representa apuesta del exministro de garantizar comparecencia mediante patrimonio valorizado, aunque el juez evaluará el viernes si el monto constituye garantía suficiente considerando que el Fiscal Zelaya reveló que el esquema desvió más de seis millones según requerimiento versus mil millones según denuncia del exdiputado Cruz.
La asistente de Cuéllar Ilsy Valeska Baquedano —quien fue detenida por ATIC— resulta clave en la investigación considerando que el Fiscal Zelaya reveló que «asistentes de la diputada Cuéllar trasladaban a los beneficiarios» falsos a agencias bancarias para cambiar cheques, evidenciando que Baquedano operó como enlace operativo del esquema de corrupción.
La excuñada de Cuéllar Iris Paola Pérez también bajo arresto domiciliario evidencia que la red incluyó familiares y personas cercanas a la legisladora que participaron en procesamiento de cheques y distribución de recursos, configurando estructura de confianza que minimizaba riesgos de exposición mediante participación de allegados leales.
Los siete imputados restantes con órdenes vigentes —además de Cuéllar— permanecen sin identificación pública por el vocero Silva, aunque presumiblemente incluyen otros asistentes, intermediarios o beneficiarios falsos que participaron en emisión, cobro o distribución de los 67 cheques fraudulentos documentados por la investigación fiscal.
La audiencia inicial del viernes determinará si el juez mantiene arresto domiciliario, modifica a prisión preventiva o libera bajo otras medidas a los cinco imputados detenidos, mientras define situación jurídica de los siete prófugos si son capturados antes de esa fecha o se presentan voluntariamente imitando estrategia de Cardona que le permitió evitar prisión preventiva.
