San Pedro Sula, Honduras. – La justicia hondureña tomó una contundente decisión este lunes al dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 de los 15 imputados en el caso de presunto fraude multimillonario en la Alcaldía de San Pedro Sula, confirmó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo.
Los acusados, entre los que figuran empresarios y funcionarios municipales, serán remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara mientras aguardan la audiencia preliminar, programada para el 27 de octubre, según informaron las autoridades judiciales. Las partes procesales mantienen su derecho a interponer recursos de apelación contra esta medida.
«A los imputados se les acusa de distintos delitos, entre ellos, violación de los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias», detalló la Fiscalía, que ha presentado evidencias sobre un esquema sistemático para desviar 45.5 millones de lempiras mediante 33 contratos fraudulentos suscritos con la empresa Constructora HERCOD.
Entre los procesados destacan Luis Fernando Hernández Portillo y su esposa, Olga Estela Ávila Ortega, representantes de HERCOD, junto a Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Malcos Jonathan Morales Corea, vinculados a las empresas que presuntamente se coludieron para perpetrar el fraude.
La investigación fiscal también alcanzó a la estructura municipal con el procesamiento de tres funcionarios de la Gerencia de Infraestructura: Osman David Chavéz Orellana, Denis Jamil Paz Martínez y Alejandra Eunice Amaya Barnica. Completan la lista Marlen Karina Mena Gómez (exgerente financiero), Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal) y Walter Manuel Cartagena Villagra (exdirector del Departamento de Vías).
Las pesquisas revelaron un elaborado esquema donde los empleados municipales y representantes legales de varias empresas planificaron la adjudicación de los 33 contratos a HERCOD, mientras las demás sociedades participaban únicamente como «relleno» en los procesos licitatorios.
Estas compañías fantasma carecían de equipo técnico y personal para ejecutar los proyectos, y registraban como domicilios fiscales casas particulares, negocios de venta de pollos o edificios en construcción.
Entre la evidencia presentada, el Ministerio Público destacó que HERCOD no contaba con la maquinaria ni personal necesarios para las obras adjudicadas, teniendo registrada únicamente a su representante legal como empleada ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Además, un testigo protegido reveló que desde las cuentas de esta empresa se pagaba la mensualidad de un vehículo utilizado por Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde Roberto Contreras.
La Fiscalía alegó que los pagos a HERCOD, superiores a los 5.9 millones de lempiras, fueron autorizados sin presentar informes de avance ni finalización de obras, y que estos fondos terminaron en manos de Fajardo Vargas, ocultando así el origen ilícito de los recursos municipales en una compleja red de lavado de activos que ahora enfrentará su proceso judicial.
