Tegucigalpa – Un juez natural dictó este miércoles la medida de detención judicial al diputado Nelson Márquez y otros cuatro imputados durante la audiencia de declaración por un presunto caso de corrupción que habría causado un daño patrimonial de más de 3 mil millones de lempiras al Estado hondureño.
Además de Márquez, recibieron detención judicial Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez, quienes deberán cumplir la medida privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada en la periferia de la capital hondureña.
El Ministerio Público acusó a Nelson Márquez, Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas y Eva Vásquez por la presunta comisión del delito de fraude, mientras que el juez Raymond Esaú Gradiz fue señalado específicamente por el delito de prevaricato judicial por su participación en el esquema corrupto.
A Rafael Eduardo Chávez se le dictó una medida diferente, quedando bajo arresto domiciliario por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos, siendo el único de los imputados que no fue enviado a prisión preventiva.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, comunicó oficialmente que las cinco personas que recibieron detención judicial cumplirán la medida en la Penitenciaría Nacional de Támara, confirmando que ya han sido trasladadas a dicho centro carcelario.
El caso cobra particular relevancia política porque Nelson Márquez es uno de los líderes del Partido Nacional en el departamento de Intibucá y actual subjefe de la bancada del Partido Nacional, principal fuerza de oposición al gobierno de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional.
Este proceso judicial contra Márquez y otros imputados se desarrolla en un ambiente político crispado y de incertidumbre de cara al proceso de elecciones generales del 30 de noviembre, donde la crisis institucional ha generado tensiones entre oficialismo y oposición.
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, los imputados supuestamente drenaron la cifra específica de 3,084 millones de lempiras mediante demandas ilegales promovidas contra el Estado hondureño a lo largo de más de dos décadas.
El origen del esquema fraudulento se remonta al año 2000, tras el devastador paso del huracán Mitch, cuando el Estado de Honduras, utilizando fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en territorio hondureño.
Según la investigación fiscal, DRC Inc. subcontrató presuntamente de forma irregular a la empresa NAINSA, estableciendo las bases de lo que posteriormente se convertiría en un elaborado esquema de corrupción que involucraría a funcionarios de diferentes niveles del Estado.
En 2001, de acuerdo al relato oficial de la Fiscalía, el cooperante internacional canceló la ayuda financiera debido a inconsistencias detectadas en el contrato. Sin embargo, años después ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia.
La investigación reveló que DRC Inc. celebró un acuerdo confidencial con NAINSA, sin que esta última empresa hubiera tenido relación contractual alguna con el Estado hondureño, sentando las bases para las demandas fraudulentas que se presentarían posteriormente.
En enero de 2020, como parte de la estrategia corrupta, Márquez en su cargo de secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar una «erogación mayor», según documenta el Ministerio Público.
Un mes después de ese informe, Sedecoas y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios al margen de los procesos judiciales que estaban en curso, materializando así el esquema defraudatorio diseñado años antes.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado hondureño. De acuerdo con las investigaciones fiscales, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la legalidad vigente.
Según el requerimiento fiscal, en una de las audiencias clave del proceso, el imputado Héctor Alvarado Mejía, quien representaba al Estado como funcionario de la Procuraduría General en ese momento, no asistió a la diligencia judicial, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue posteriormente puesta en duda por las investigaciones del Ministerio Público.
El caso representa uno de los golpes más significativos contra la corrupción enquistada en el aparato estatal hondureño, especialmente porque involucra a figuras políticas de alto perfil y demuestra cómo se aprovecharon situaciones de emergencia nacional para defraudar recursos destinados a la reconstrucción del país.
La detención de un diputado en funciones genera precedentes importantes en el sistema judicial hondureño y refleja los esfuerzos del Ministerio Público por procesar casos de corrupción sin distinción de jerarquías políticas o partidarias.
Este proceso judicial se suma a otros casos de alto perfil que enfrenta el sistema de justicia hondureño, donde la lucha contra la impunidad se ha convertido en una prioridad institucional para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y garantizar el uso transparente de los recursos del Estado.
