Miami, Estados Unidos.— Un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida determinó reprogramar la lectura de sentencia del ex director de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Cosenza, «para febrero del 2026», después de que la defensa argumentara que el hondureño «tras sufrir un derrame cerebral, necesita realizarse exámenes» especializados.
La defensa solicitó la reprogramación basándose en el deterioro de la condición médica de Cosenza, indicando que «se ha comunicado con un experto en neuropsicología para que realice un informe sobre la salud de su defendido», requiriendo «una autorización de fondos para la contratación del médico» por un «total de tres mil dólares» para evaluar adecuadamente «su estado de salud».
Según la documentación judicial, «la condición neurocognitiva le ha provocado múltiples causas y afectación en su movilidad a Francisco Cosenza», estableciendo las bases médicas para la solicitud de aplazamiento que inicialmente contemplaba «tres meses» pero finalmente se extendió hasta febrero de 2026.
El caso de Cosenza se enmarca en las investigaciones contra funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, después de que el ex funcionario «se declaró culpable ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida», según confirmó «la abogada Carolina Meléndez en un programa de noticias».
Cosenza, de 66 años, «integró el gobierno de Juan Orlando Hernández entre 2014 y 2022, y fue enviado a ese país para enfrentar cargos de conspiración asociados al lavado de activos, relacionados con compras irregulares y sobornos cuando dirigía la institución», estableciendo su participación en la red de corrupción investigada por las autoridades estadounidenses.
El cambio de estrategia legal del ex funcionario resulta significativo, considerando que «en diciembre pasado, el exfuncionario había rechazado las acusaciones y argumentado que su función era meramente administrativa y que solo seguía órdenes», antes de que «ahora admitió su responsabilidad» en los delitos imputados.
La declaración de culpabilidad expone a Cosenza a «una condena de 10 años de prisión» por su participación en el esquema de corrupción, según las autoridades judiciales estadounidenses que han procesado múltiples casos relacionados con funcionarios del gobierno hondureño anterior.
«La Fiscalía estadounidense lo acusó de participar en un esquema de sobornos y lavado de activos, presuntamente adjudicando contratos para fabricar uniformes policiales a un empresario de ese país», detallando la modalidad específica de corrupción que involucró recursos destinados a equipamiento de seguridad.
La investigación abarca una red más amplia de corrupción, ya que «en el caso también están implicados el dueño de una fábrica de uniformes en Georgia y un residente en Florida», evidenciando la dimensión transnacional del esquema de sobornos y lavado de activos.
La reprogramación de la sentencia hasta febrero 2026 representa un aplazamiento significativo que permite la evaluación neuropsicológica requerida, mientras las autoridades estadounidenses continúan procesando casos relacionados con la corrupción sistemática en instituciones hondureñas durante la administración Hernández.
El deterioro de salud de Cosenza añade una dimensión médica al proceso judicial, requiriendo que el tribunal considere tanto la responsabilidad penal como las limitaciones físicas y cognitivas del acusado al momento de determinar la sentencia apropiada.
