Tegucigalpa, Honduras. – El diputado y subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, ha quedado en libertad este jueves luego de que un juez designado le revocara la medida de arresto domiciliario que cumplía desde hace más de tres meses.
– Márquez, acusado de fraude en un caso que involucra un supuesto drenaje de más de 3 mil millones de lempiras, se declaró inocente y prometió dedicar su libertad a «defender la democracia».
La decisión le permite no solo moverse libremente, sino también reintegrarse a sus funciones en el Congreso Nacional y retomar su campaña política en busca de la reelección.
El abogado Dagoberto Aspra, parte de su equipo de defensa, informó que el cambio de medidas se logró tras presentar una fianza suficiente. A partir de ahora, Márquez deberá cumplir con la obligación de presentarse periódicamente a firmar en los juzgados, tiene prohibido salir del país y no puede comunicarse con los otros imputados en el caso.
«Fueron 100 días difíciles», declaró el diputado a su salida, reafirmando su inocencia. «Voy a dedicar cada minuto de mi libertad para defender la libertad y la democracia de mi país», expresó el congresista, marcando su regreso a la arena política.
Márquez está acusado por el Ministerio Público del delito de fraude, relacionado con supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Un caso millonario con origen en el huracán Mitch
El requerimiento fiscal alega que los imputados participaron en una trama para drenar 3,084 millones de lempiras del Estado mediante demandas fraudulentas. El origen del caso se remonta al año 2000, tras el paso del huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., que a su vez subcontrató de forma presuntamente irregular a la empresa hondureña NAINSA.
Años después, ambas empresas promovieron demandas millonarias basadas en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue validado por la Corte Suprema de Justicia.
La acusación contra Márquez se centra en que, en enero de 2020, siendo secretario de Sedecoas, emitió un informe legal que recomendaba firmar un acuerdo extrajudicial con NAINSA para evitar una «erogación mayor», lo que llevó a la suscripción de un convenio de pago millonario al margen de los procesos judiciales en curso.
La Fiscalía también señala la presunta complicidad de jueces y hasta la ausencia injustificada de un procurador en una audiencia clave para facilitar los pagos ilegales.
