Tegucigalpa, Honduras. – Un Juez de Letras Designado dictó arresto domiciliario a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo con medidas adicionales de suspensión del cargo, prohibición de salir del país y de comunicarse con involucrados en el caso Sedesol, mientras que cinco imputados más recibieron arresto domiciliario por 67 delitos de fraude que defraudaron 6,032,654.07 lempiras de las arcas nacionales según reveló el Poder Judicial este miércoles.
Los cinco restantes acusados con arresto domiciliario son: Rosy Martínez, Luis Fernández, Jennifer Martínez, José Cerrato y Eliud Aguilar, a quienes se acusa por su participación en el manejo irregular de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social destinado a programas económicos y sociales en el departamento de Copán aprobados por el Congreso Nacional.
La suspensión del cargo representa medida excepcional que inhabilita temporalmente a Cuéllar de ejercer su curul como diputada mientras dure el proceso judicial, sanción que se suma al arresto domiciliario y a la prohibición de abandonar el territorio nacional o contactar a coimputados que podrían coordinar estrategias de defensa o encubrimiento.
El juez, por economía procesal, agendó la realización de la Audiencia Inicial para el próximo viernes 6 de febrero a las 9:00 AM donde comparecerán un total de once imputados, entre ellos el extitular de SEDESOL José Carlos Cardona que recibió arresto domiciliario el martes junto a cuatro personas más en audiencia separada.
Según el Requerimiento Fiscal, el monto por el que los imputados son acusados de defraudación a las arcas nacionales es de Seis Millones Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Con Siete Centavos, fondos destinados al Desarrollo Económico y Social del Departamento de Copán que fueron desviados mediante esquema sistemático de corrupción documentado por la FETCOOP.
Las investigaciones revelaron que se presentaban informes con facturas idénticas, solicitud de iguales materiales y finiquitos de actas adulteradas sin constatar o falsas, además las viviendas inspeccionadas no tenían calidad de «necesitadas» contradiciendo requisitos legales para acceso a programas sociales de Sedesol destinados a población vulnerable.
El Poder Judicial reveló que las personas que recibían la ayuda eran comerciantes, aspirantes a elección popular y dueños de bienes e inmuebles, perfiles que contradicen dramáticamente los criterios de vulnerabilidad social y pobreza que legalmente justifican transferencias de programas de desarrollo social financiados con fondos públicos del Estado hondureño.
El requerimiento encierra también a funcionarios y empleados de Sedesol que desempeñaban cargos como la Gerencia Administrativa por delegación, el Director de Monitoreo Programático, el representante de la Gerencia Administrativa, el representante de la Sub Gerencia de Presupuesto, y el representante de la Dirección de Monitoreo Programático, evidenciando participación de estructura institucional completa.
La prohibición de comunicarse con involucrados que el juez impuso a Cuéllar busca impedir coordinación con los 10 coimputados restantes que incluyen a su asistente Ilsy Valeska Baquedano, su excuñada Iris Paola Pérez, y otros operadores que ejecutaron el esquema documentado en el «cheque video» donde la diputada explica distribución de fondos a coordinaciones partidarias de Libre.
El Fiscal General Johel Zelaya había revelado que ninguno de los 67 beneficiarios reunía condiciones para acceder a ayuda social, confirmando que la selección respondía a fines políticos mientras asistentes de Cuéllar trasladaban beneficiarios falsos a bancos para cambiar cheques, esquema que ahora el Poder Judicial documenta involucró facturas y actas adulteradas para simular legalidad.
La cifra de 6 millones defraudados contrasta con los siete millones que el exdiputado Luis Cruz señaló están en juego en la acusación contra Cuéllar, mientras Cruz reveló que Sedesol manejó mil millones con 70 diputados en tres meses, sugiriendo que los 6 millones representan apenas el caso específicamente documentado de Copán versus esquema más amplio que operó nacionalmente.
La audiencia inicial del viernes a las 9:00 AM consolidará los 11 imputados que hasta ahora se han presentado voluntariamente o fueron capturados, definiendo medidas definitivas y formalizando cargos por los 67 delitos de fraude que el Ministerio Público documentó mediante investigación que incluyó análisis de documentación bancaria, inspecciones de viviendas y verificación de perfiles de supuestos beneficiarios.
