Tegucigalpa, Honduras. – La estructura denominada “Delta Team” entra este lunes a una etapa decisiva en los tribunales hondureños, con el inicio del juicio contra cuatro personas acusadas por delitos relacionados con trata de personas y asociación para delinquir.
Entre los procesados figuran los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta.
También enfrentan el proceso Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, señalados por el delito de asociación para delinquir.
El juicio buscará determinar si los acusados tuvieron participación en la presunta red que, según el Ministerio Público, operaba en Islas de la Bahía desde aproximadamente 2019.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, la estructura habría desarrollado actividades vinculadas con trata de personas en la zona insular. En abril de 2024, el Ministerio Público también señaló que los denominados “Delta Team” estarían relacionados con posibles hechos de explotación sexual de menores, tráfico de drogas y armas.
En ese mismo período, la Fiscalía denunció además la presunta colaboración de algunos miembros de la Policía Nacional y servidores del sistema de justicia, un señalamiento que elevó la gravedad institucional del caso.
Como parte de las acciones contra la estructura, en mayo de 2026 las autoridades aseguraron dos inmuebles donde funcionaba The Dock Resort, además de 12 vehículos presuntamente vinculados con integrantes de la organización.
Esos bienes quedaron bajo medidas relacionadas con el proceso de privación de dominio.
El inicio del juicio marca una nueva fase dentro de un expediente que ha permanecido bajo atención pública por sus posibles vínculos con delitos de alto impacto en Islas de la Bahía.
Durante el debate, la Fiscalía deberá presentar sus medios de prueba para sustentar la acusación, mientras las defensas podrán controvertir los señalamientos y exponer sus argumentos.
Los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme que establezca responsabilidad penal.
