Tegucigalpa, Honduras. – La discusión sobre las reformas al subsector eléctrico no solo está marcada por argumentos técnicos y financieros, sino también por intereses políticos de los partidos que buscan incidir en el contenido final del proyecto, advirtió este jueves la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
La socióloga señaló que alrededor de la iniciativa, actualmente en la antesala del Poder Legislativo, se desarrolla un proceso de negociación entre las principales fuerzas políticas del país.
A su criterio, cada partido está intentando colocar sus propios temas e intereses dentro de la discusión.
“Percibimos que cada partido está colocando sus intereses para negociar sobre las reformas al sector eléctrico. No solamente los partidos, tanto en el Partido Nacional, Partido Liberal y Libre”, expresó Castellanos.
La exrectora reconoció que ha existido una búsqueda de consensos entre las bancadas, pero advirtió que ese proceso también refleja una disputa por cuotas, posiciones y narrativas políticas.
Según su análisis, si las reformas no logran consenso, el principal beneficiado sería el Partido Libertad y Refundación (Libre), porque podría sostener un discurso centrado en el riesgo de privatización.
Castellanos consideró que las negociaciones ocurren en un escenario donde los partidos intentan preservar espacios de influencia, aunque también enfrentan pérdida de hegemonía frente a la complejidad del problema energético.
Para la exrectora, el gran perdedor de este pulso político es el pueblo hondureño.
Señaló que la ciudadanía sigue dependiendo de una empresa estatal debilitada, que pierde millones de lempiras diariamente y arrastra años de deterioro sin una solución efectiva.
Castellanos cuestionó que, mientras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa con problemas financieros, los políticos parezcan más interesados en obtener prebendas vinculadas a los generadores que en fortalecer verdaderamente la estatal.
A su juicio, la falta de decisiones de fondo ha permitido que el deterioro se prolongue y que las pérdidas sigan afectando las finanzas públicas.
La exrectora también señaló que los políticos contribuyen a que la deuda con los generadores termine pagándose mediante préstamos, lo que aumenta la carga financiera para el Estado.
Esa dinámica, advirtió, mantiene al país atrapado en un modelo donde la crisis se posterga y el costo se traslada a la ciudadanía.
Las declaraciones de Julieta Castellanos se producen en momentos en que el Congreso Nacional busca acuerdos para aprobar reformas al subsector eléctrico, en medio de posiciones divididas sobre la reestructuración de la ENEE, la protección de los bienes estatales y el riesgo de privatización directa o indirecta.
Para Castellanos, el debate debería centrarse en cómo rescatar una empresa pública estratégica, pero la negociación política amenaza con desviar la atención hacia intereses partidarios.
El señalamiento coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de que las reformas energéticas sean discutidas con transparencia, criterios técnicos y prioridad ciudadana, en lugar de convertirse en una nueva disputa de cálculo político.
