Tegucigalpa – El Ministerio Público enfrenta un desafío crucial en el proceso judicial contra Romeo Vásquez Velásquez: demostrar que las acciones legales no constituyen una persecución política, según advirtió Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y antigua integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Castellanos, quien participó en la elaboración del informe «Para que los hechos no se repitan», enfatizó que la credibilidad del ente investigador está en juego, especialmente considerando que han transcurrido más de 15 años desde los eventos del golpe de Estado de 2009, donde se documentaron 11 víctimas de la violencia, incluyendo el emblemático caso de Isis Obed Murillo.
La socióloga señaló que para evitar acusaciones de venganza política, el Ministerio Público debe expandir sus investigaciones a otros casos donde se presume la participación de agentes estatales.
Entre estos, destacó los asesinatos de Alfredo Landaverde, conocido como el Zar antidrogas, Arístides González, y el caso más reciente de Keyla Martínez, fallecida bajo custodia policial en Intibucá.
«De no hacerlo, el calificativo de persecución política se agrandará», advirtió Castellanos, subrayando que la Fiscalía tiene la responsabilidad de representar a toda la sociedad y garantizar el acceso a la justicia para todas las víctimas.
Sus declaraciones coinciden con el traslado de Vásquez Velásquez y otros dos militares a la Penitenciaría Nacional de Támara, acusados por los eventos relacionados con el golpe de Estado de 2009.
La exrectora insistió en que la búsqueda de justicia debe ser imparcial y abarcar múltiples casos pendientes, evitando que el proceso judicial sea interpretado como un ajuste de cuentas político que podría socavar la legitimidad del sistema judicial hondureño.
