Tegucigalpa, Honduras. – La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño y sostuvo que durante las últimas cinco décadas numerosos casos de alto impacto han terminado en la impunidad.
“Al menos en las últimas cinco décadas, de los casos que nuestra memoria registra, han quedado en impunidad casos de corrupción, delitos económicos de alto alcance y de alto impacto que generaron pérdidas millonarias para el Estado”, expresó Castellanos.
Según su análisis, el problema no se limita a hechos de corrupción. También mencionó crímenes, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y políticos y contratos presuntamente amañados, señalando que la respuesta judicial dependería de quiénes aparecen involucrados.
Castellanos sostiene que la administración de justicia ha formado parte de los acuerdos entre grupos que han ejercido el poder en Honduras, independientemente de partidos políticos o gobiernos militares.
La exrectora afirmó que existen expedientes que no llegan a investigarse y otros que avanzan únicamente después de la presión social, pero posteriormente enfrentan, según su valoración, decisiones judiciales débiles.
“No es extraño […] ver que hay casos que nunca son investigados y que a veces por la presión social investigan, los capturan, pero las decisiones en el Poder Judicial son totalmente frágiles”, manifestó.
Dentro de sus cuestionamientos incluyó al Código Penal, al considerar que las penas establecidas para determinados delitos de corrupción permiten la aplicación de medidas sustitutivas.
También cuestionó disposiciones relacionadas con adultos mayores de 60 años, las cuales calificó como legislación “con dedicatoria”, al sostener que históricamente habrían favorecido a determinados banqueros, políticos, empresarios y altos funcionarios. Estas afirmaciones corresponden a la valoración de Castellanos.
Sus críticas alcanzaron además al Ministerio Público, institución que, según afirmó, investigaría siguiendo instrucciones de quienes intervienen en el nombramiento de sus autoridades.
La socióloga también puso como ejemplo a personas que regresan al país después de cumplir condenas derivadas de procesos de extradición en Estados Unidos, señalando que, a su juicio, la justicia hondureña no necesariamente persigue posibles delitos cometidos en territorio nacional.
Para Castellanos, enfrentar estos problemas requiere fortalecer varias instituciones. Planteó una adecuada selección de jueces y fiscales, inspectorías capaces de supervisar su desempeño, una Procuraduría que defienda efectivamente los intereses estatales y un Tribunal Superior de Cuentas que verifique el patrimonio de los funcionarios antes y después de ocupar cargos públicos.
Como ejemplos de casos que considera representativos de las debilidades institucionales mencionó el Seguro Social, los hospitales móviles y otras compras realizadas dentro del sistema sanitario.
Castellanos concluyó que, desde su perspectiva, la corrupción no debe entenderse únicamente como actuaciones individuales, sino como la operación de redes en las que participan varias personas y se distribuyen los recursos obtenidos.
