Tegucigalpa, Honduras. – El informe “Diputados Solidarios”, presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), abrió un nuevo debate sobre el manejo de fondos públicos desde el Congreso Nacional. Para la socióloga y exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, el problema no se limita a la cantidad de dinero asignado, sino al mecanismo que permitió a diputados convertirse en gestores directos de ayudas sociales.
Castellanos cuestionó que recursos destinados a becas, viviendas u otras asistencias hayan sido canalizados mediante gestiones personales de parlamentarios, en lugar de pasar por instituciones públicas creadas para administrar ese tipo de programas.
A su criterio, ese modelo sustituye el funcionamiento institucional y crea una relación política entre el beneficiario y el diputado que entrega o gestiona la ayuda.
“Les conviene más quedar que son ellos los que ayudan. Ellos son los buenos, esos son los que llevan ayuda”, señaló la exrectora, al advertir que este tipo de prácticas puede generar réditos políticos para quienes manejan los recursos.
Uno de los ejemplos mencionados por Castellanos fue el caso de las becas. Comparó que Educrédito, institución creada desde la década de 1970 para financiar estudios, cuenta con un presupuesto de apenas 23 millones de lempiras, mientras que el exdiputado Rasel Tomé y su suplente habrían manejado 29 millones de lempiras con ese mismo propósito.
Para la socióloga, cuando una institución administra los fondos bajo reglas establecidas, el beneficiario no queda personalmente vinculado con un político. En cambio, cuando la ayuda se gestiona desde una curul, el favor puede convertirse en capital electoral.
“Cuando una institución es la que maneja el presupuesto, los vínculos personales en realidad no existen o no se reconoce como el favoritismo”, explicó.
Castellanos también advirtió que gestionar fondos implica responsabilidad. Por ello, sostuvo que los diputados no pueden desentenderse si los recursos terminaron mal utilizados.
“El que gestiona fondos tiene un nivel de responsabilidad y si esos fondos son mal utilizados y son desviados, él es corresponsable porque por su gestión esos fondos llegaron a las personas”, afirmó.
La exrectora también cuestionó los mecanismos de selección de beneficiarios. Señaló que algunos diputados han dicho que para cobrar las ayudas era necesario presentar tarjeta de identidad, pero puso en duda cómo se aplicaba ese requisito en el caso de becas para estudiantes de secundaria que, por su edad, podrían no contar con ese documento.
A partir de ese punto, planteó una pregunta clave: quién elaboraba las listas de beneficiarios y si estas provenían de centros educativos, instituciones formales o activistas políticos en las comunidades.
Castellanos también se refirió al caso de la diputada Isis Cuéllar, incluido en el informe de ASJ, y señaló que existen dudas sobre la forma en que se habrían justificado ayudas para vivienda. Según indicó, se han mencionado nombres de personas que no necesitaban el beneficio y fotografías de casas que supuestamente no correspondían a los beneficiarios reales.
“¿Cómo nos piden que les creamos que fue un procedimiento transparente cuando no saben ni a quién le pagaron ni quién recibió?”, cuestionó.
La socióloga además señaló que la distribución de fondos dentro de la bancada de Libertad y Refundación (Libre) deja nuevas interrogantes, pues, según el informe citado, entre los diez diputados con mayores recursos gestionados, nueve pertenecerían a ese partido.
“En Libre, por esta distribución se ve que había categorías de diputados”, expresó.
Castellanos también sostuvo que Libre no impulsó la llegada de la CICIH porque, a su juicio, sus dirigentes sabían que podían ser investigados por sus actuaciones.
Para la exrectora, el debate debe ir más allá de identificar cuánto dinero recibió o gestionó cada parlamentario. La discusión de fondo, señaló, debe concentrarse en determinar quién escogió a los beneficiarios, cómo se verificaron las entregas y qué controles se aplicaron para evitar que los fondos públicos terminaran utilizados con fines políticos.
