Tegucigalpa – La destacada socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, condenó enérgicamente el comportamiento del jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, tras el altercado con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, calificándolo como «un irrespeto absoluto a la institucionalidad democrática».
Castellanos reaccionó al incidente ocurrido cuando el general Hernández llegó a las instalaciones del CNE visiblemente alterado, confrontando a López por una publicación en la plataforma X donde la funcionaria electoral denunciaba una presunta conspiración entre militares, un expresidente y una candidata para manipular informes relacionados con las irregularidades registradas durante las elecciones primarias del 9 de marzo.
«Lo que estamos viendo en los últimos días es una absoluta insubordinación del jefe del Estado Mayor Conjunto y de las FFAA frente a la institucionalidad democrática», afirmó la académica, quien rechazó que el incidente se interpretara simplemente como una confrontación personal.
«No es correcto ver el enfoque como una confrontación entre la consejera presidenta del CNE y el jefe del Estado Mayor Conjunto, lo que estamos viendo por parte del jefe de las Fuerzas Armadas es un irrespeto absoluto a la institucionalidad democrática que en este caso el Consejo Nacional Electoral es el responsable de rectorar el proceso electoral en Honduras», explicó.
Castellanos cuestionó la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas sobre su rol en el proceso electoral, señalando que el cuerpo castrense «no ha podido ofrecer respuestas a lo que el país pregunta: ¿Por qué cuando ofrecieron que habría 26 mil soldados custodiando y vigilando las urnas no había custodios, ni vigilancia, ni seguridad en el traslado de las urnas?».
La socióloga recordó que las Fuerzas Armadas informaron el sábado 8 de marzo que todo el material electoral estaba distribuido, pero planteó interrogantes que, según ella, siguen sin respuesta: «Conocemos que el día domingo 10 de marzo a las 6:00 de la mañana ya estaba cargado todos los buses con el material electoral ¿Por qué salieron todos esos buses sin custodios? ¿Por qué tardaron 12 horas en trasladarlos del INFOP a la colonia La Joya? Esas son las respuestas que deben darnos y no agredir la institucionalidad democrática».
Castellanos fue particularmente crítica con la exigencia del general Hernández para que López retirara su publicación en redes sociales, calificándola como un «atropello e insulto». En este contexto, destacó la actitud de la presidenta del CNE: «Rescato la valentía y la dignidad de la consejera presidenta Cossette López, cómo está enfrentando ese atropello a la institucionalidad, es realmente de reconocer y ojalá que las organizaciones de mujeres y las que defienden y que están en contra de la violencia política, reaccionen, porque este es un caso de violencia política».
La exrectora universitaria profundizó en su crítica al comportamiento del militar, señalando que se trata de «soberbia de un general que ha pasado un límite» que se ha hecho evidente cuando expresó «le ordenamos a la presidenta o a la señora Cossette que retire esa publicación que ha hecho».
«Él no puede dar órdenes. Él puede dar órdenes en el batallón porque ahí él es autoridad, pero no lo es de ningún órgano civil. Ese es el envalentonamiento al que ha llegado el general Roosevelt Hernández con toda su participación política», aseveró la académica.
Castellanos concluyó su análisis contrastando las actitudes de ambos funcionarios: «Mientras la consejera López se comporta con base a la ley, el general Roosevelt se muestra insolente e irrespetuoso porque no es autoridad de ningún órgano electoral. No se debe permitir que pase la línea de su deber de soldado que es cumplir con lo que la ley ordena y no lo ha hecho porque simplemente alguien le dio órdenes para que no lo hiciera».
Las declaraciones de Castellanos se suman a un creciente debate nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales y la preocupación por posibles interferencias en la independencia de las instituciones democráticas en Honduras.
