Tegucigalpa, Francisco Morazán. – La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, sostuvo que los actores que intentaron boicotear las elecciones generales de 2025 deben ser investigados y judicializados, al considerar que sus acciones representaron un ataque directo contra la democracia del país.
Castellanos subrayó que no puede haber excepciones ni acuerdos políticos que eviten la aplicación de la ley. “Quienes causaron ese daño deben responder ante la justicia y recibir las sanciones que correspondan”, expresó.
La académica recordó que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, enfrentaron amenazas graves, riesgos contra su integridad y la de sus familias, e incluso tuvieron que ocultarse para garantizar que el proceso electoral pudiera concluir.
En ese contexto, respaldó que autoridades electorales y figuras políticas rindan cuentas por sus actuaciones, especialmente aquellas que pusieron en riesgo la institucionalidad democrática.
Castellanos también cuestionó cualquier posibilidad de que el Partido Nacional alcance acuerdos con Libertad y Refundación (Libre) que deriven en protección o impunidad para quienes, según señaló, atentaron contra el orden democrático durante el proceso electoral.
Finalmente, advirtió que permitir negociaciones de ese tipo enviaría un mensaje negativo al país y sentaría un precedente peligroso para futuros procesos electorales.
