Tegucigalpa, Honduras. – El Procurador General de la República Dagoberto Aspra anunció que enviará circular a entidades gubernamentales para que no contraten personas que tienen demandas laborales contra el Estado, amenazando con sancionar al titular que omita este requisito, medida que juristas consultados alertan viola derechos humanos fundamentales garantizados constitucionalmente.
«Enviamos un mensaje a todos los que integran la administración pública para que no estén contratando personas que tengan demandas pendientes con el Estado de Honduras, las van a tener que retirar porque será sancionado el titular que omita ese requisito al contratarlos teniendo una demanda pendiente con el Estado», detalló Aspra.
El artículo 99 del Proyecto de Presupuesto General 2026 establece que servidores públicos que como consecuencia de su cancelación o cesantía hayan demandado judicialmente al Estado podrán laborar únicamente bajo la modalidad de contrato temporal en cualquier institución pública durante el tiempo de sustanciación del proceso judicial.
Aspra mencionó que crearán junto a la Secretaría del Trabajo un manual de despidos que indicará cada uno de los pasos a seguir para dar por concluida la relación patrono-trabajador, señalando que esta es una «iniciativa» para ayudar a funcionarios en procesos de despido y que el Estado «no cargue» esas demandas millonarias.
El procurador informó que la Procuraduría implementará un manual obligatorio para regular los despidos en las instituciones públicas, luego de que el Estado enfrentara un impacto financiero de 1,900 millones de lempiras en demandas laborales perdidas, pagando alrededor de 1,200 millones mediante embargo a cuentas estatales.
Según detalló, Sedesol, Hondutel y la alcaldía de Choluteca son las entidades con más fallos adversos contra las finanzas públicas, evidenciando problema estructural de despidos irregulares que generan pasivos millonarios para el erario mediante sentencias judiciales que ordenan reintegros y compensaciones.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ibis Discua Barillas, señaló que el derecho al trabajo es una garantía ciudadana garantizada en la Constitución de la República, reprochando que muchos funcionarios haciendo mal uso de sus facultades realizan despidos que no tienen asidero jurídico.
«Muchos son despedidos sin seguir los procedimientos, sin hacer las audiencias de descargo y otros instrucciones de ley. La gente por eso demanda, tiene derecho a la demanda y al trabajar«, declaró Discua mencionando que hay tratados firmados por Honduras con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan el derecho a trabajar de los ciudadanos.
Discua Barillas ejemplificó que cuando un empleado público es despedido solo porque gana un gobierno diferente a sus simpatías políticas, este tiene todo el derecho a demandar y a trabajar siempre en el mismo Estado si así fuera el caso, señalando ausencia de fundamento constitucional para la restricción propuesta.
«Sobre que no pueda volver a trabajar bajo la modalidad de contrato solo por tener una demanda incoada contra la institución pública, no existe ninguna disposición constitucional que diga eso porque todos tienen derecho al trabajo digno«, puntualizó el exmagistrado estableciendo que medida carece de sustento legal.
El abogado y exministro del Trabajo, German Leitzelar, se pronunció en iguales términos de Discua Barillas asegurando que la medida que pretende implementar la PGR violenta derechos de los trabajadores, rematando afirmando que la medida solamente expone más a la administración pública en su relación con los burócratas.
La ordenanza de Aspra genera controversia jurídica en momento cuando el gobierno de Asfura prometió reducir planillas estatales tras identificar 8,000 personas que «solo cobraban salario», aunque la propuesta del Procurador castiga a trabajadores que legítimamente ejercieron su derecho a litigar contra despidos que juristas califican de irregulares y politizados.
