Tegucigalpa – La justicia estadounidense condenó este viernes a 10 años de prisión a Enil Edil Mejía Zúñiga, un hondureño de 34 años originario de Olancho, por liderar una red transnacional de tráfico de personas que operó entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, transportando ilegalmente a miles de migrantes desde países tan distantes como Afganistán, Yemen y Pakistán hasta territorio estadounidense a través de la frontera de Eagle Pass, Texas.
La sentencia, dictada por el Tribunal del Distrito Oeste de Texas, representa el golpe más reciente contra las organizaciones criminales centroamericanas que han convertido el tráfico de migrantes en un negocio multimillonario. Mejía Zúñiga, conocido en el mundo criminal como «Chino», deberá cumplir además tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 4,500 dólares, una suma irrisoria comparada con las ganancias millonarias que su organización habría generado durante los tres años de operaciones.
La red criminal, identificada por las autoridades como ASO (Alien Smuggling Organization), funcionaba con una estructura sofisticada que conectaba tres continentes. Los migrantes, provenientes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán y Colombia, entre otros países, contactaban inicialmente a un traficante paquistaní establecido en Brasil, quien coordinaba con la organización de Mejía Zúñiga el traslado hasta la frontera estadounidense.
«Sus acciones ponen en riesgo nuestra seguridad nacional», declaró Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, quien destacó que la organización había ganado «millones de dólares a costa de miles de personas». La investigación reveló que la red operaba con una logística compleja que involucraba múltiples países de tránsito en Sudamérica y Centroamérica antes de llegar a México.
El caso expone nuevamente la participación de ciudadanos hondureños en redes internacionales de tráfico humano, un fenómeno que se ha intensificado en los últimos años debido a la crisis económica y social que atraviesa el país centroamericano. Honduras, tradicionalmente un país de origen de migrantes, se ha convertido también en un punto clave para organizaciones criminales que facilitan el tránsito irregular hacia Estados Unidos.
Entre los cómplices de Mejía Zúñiga figuran otros hondureños y mexicanos que enfrentan procesos judiciales. Allyson Elsires Álvarez-Zúñiga, de 26 años y también hondureña, se declaró culpable en agosto de 2023, mientras que Genyi Arguenta-Flores, de 32 años y originario de Comayagua, fue sentenciado a cinco años de prisión en mayo pasado. Mónica Hernández-Palma, ciudadana mexicana de 33 años, se declaró culpable en abril de este año. Un quinto integrante de la organización permanece detenido en México a la espera de su extradición a Estados Unidos.
La desarticulación de esta red representa un avance significativo en la lucha contra el tráfico de personas, aunque expertos advierten que mientras persistan las condiciones de pobreza y violencia en los países de origen, y la demanda de mano de obra barata en Estados Unidos, nuevas organizaciones criminales continuarán surgiendo para llenar el vacío dejado por las que son desmanteladas. El caso también evidencia la necesidad de mayor cooperación internacional para combatir estas redes que operan a través de múltiples fronteras y continentes.
