Tegucigalpa, Honduras. – En uno de los momentos más dramáticos de la noche del jueves 9 de abril, la consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Patricia Rodríguez, presentó su renuncia por escrito mientras el hemiciclo del Congreso Nacional escuchaba la lectura de los cargos en su contra dentro del proceso de juicio político que se activó esa noche contra cinco funcionarios de los entes electorales.
El pleno legislativo aceptó la dimisión por mayoría, poniendo fin de manera abrupta tanto a su cargo como al proceso judicial que se iniciaba.
La exconsejera fundamentó su decisión en argumentos que buscan separar su salida de una rendición de cuentas forzada, presentándola en cambio como un acto de coherencia institucional y personal.
Rodríguez sostuvo que su posición siempre se basó en la obligación de actuar conforme a la ley y de abstenerse de participar en decisiones cuando existieran dudas sobre su legalidad, en una referencia a las actuaciones del CNE relacionadas con convocatorias, plazos y procedimientos previos a los comicios generales de 2025 que motivaron las denuncias en su contra.
La exfuncionaria también introdujo un argumento de carácter personal que humanizó su decisión: la renuncia responde a la necesidad de «salvaguardar su integridad emocional y la seguridad de su entorno familiar», en medio del contexto de señalamientos públicos que enfrentaba por los retrasos registrados en el órgano electoral durante el período preelectoral. Una declaración que refleja el costo personal que este tipo de procesos institucionales impone sobre quienes los protagonizan, independientemente de su posición en el debate político.
Con la aceptación de la renuncia, el Congreso Nacional cerró formalmente la participación de Rodríguez como consejera suplente del CNE y dio por concluido el proceso de juicio político en su contra, en una salida que la distancia del destino de los otros cuatro funcionarios que permanecen suspendidos mientras se desarrollan las audiencias de descargo ante la comisión legislativa designada para el efecto.
Los cuatro funcionarios que siguen enfrentando el proceso son el consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, quien ya anunció públicamente que no comparecerá a las audiencias; el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes del TJE, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, en un proceso que promete ser uno de los más complejos y políticamente cargados que haya enfrentado el sistema de justicia electoral hondureño en su historia reciente.
