San Pedro Sula, Cortés. – El caso de Koriun Inversiones vuelve a encender el malestar social y la incertidumbre de miles de familias que siguen esperando respuestas sobre sus ahorros. En medio del retorno de las protestas, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, reveló que el exgerente general de la empresa, Iván Abad Velásquez, le habría asegurado que sí existen los fondos para pagar a los afectados, aunque —según esa versión— estarían invertidos dentro y fuera del país.
Maldonado explicó que Velásquez sostiene tener la capacidad de responder al 100 % de los aportantes, un grupo que estimó en alrededor de 33,000 personas, aunque reconoció que no se manejan cifras exactas y que tampoco hay claridad sobre dónde o cómo estarían colocados esos recursos. En palabras del propio Maldonado, la afirmación existe, pero la certeza no: “No sé, no sé ni dónde ni cómo”, expresó, reflejando el grado de escepticismo que rodea el tema.
El escándalo tomó fuerza pública desde el 23 de abril de 2025, cuando el Ministerio Público intervino las oficinas de la compañía, aseguró sus instalaciones, decomisó dinero en efectivo y ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de los propietarios.
Esa acción se produjo tras la determinación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de que la empresa operaba bajo un esquema considerado fraude piramidal o estafa tipo Ponzi. Aunque se señala que la firma captaba recursos sin autorización estatal desde años atrás, fue en esa fecha cuando las autoridades ejecutaron la medida más contundente.
En este nuevo capítulo, Maldonado detalló una posible ruta que el exgerente estaría planteando como salida: una especie de “trama” jurídica para conseguir que un tribunal le conceda una medida sustitutiva a la prisión, lo que —según esa lógica— le permitiría acceder a los fondos y comenzar a devolverlos. Dentro de esa estrategia, también figura la intención de que el Estado le devuelva lo incautado, con el argumento de que así se completaría el dinero necesario para responder a quienes entregaron sus ahorros.
La presión en las calles, sin embargo, no se detiene. Este día, socios de Koriun retomaron las protestas en Choloma y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, exigiendo una salida para recuperar su dinero.
Los manifestantes insistieron en que las nuevas autoridades deben reunirse con ellos y plantear soluciones. Además, pidieron al presidente Nasry Asfura que hable con el fiscal general Johel Zelaya para que les devuelvan los fondos. Los bloqueos impidieron el paso vehicular en distintas zonas, mientras los protestantes advirtieron que no descansarán hasta obtener una respuesta.
Maldonado, por su parte, subrayó que el conflicto tiene un impacto directo en el Valle de Sula, especialmente entre Puerto Cortés y San Pedro Sula, donde las manifestaciones y cierres han derivado en paralización de la economía local. Según relató, la tensión escala con facilidad y se traduce en afectaciones visibles: calles tomadas, daños y una actividad económica frenada, un escenario que —advirtió— termina golpeando a todo el país.
Pero mientras la versión del exgerente insiste en la existencia de recursos suficientes, el expediente público y los datos oficiales conocidos dibujan un panorama distinto. La CNBS reportó que las cuentas asociadas a Koriun contenían L69,198,522.78, una cifra que queda lejos de los 2,000 millones de lempiras que Velásquez llegó a mencionar públicamente.
En paralelo, el Ministerio Público contabilizó más de L358 millones en efectivo durante allanamientos, guardados en cajas y bolsas de plástico. Y, según medios nacionales, en las primeras jornadas de entrega a los aportantes se distribuyeron apenas L67.1 millones, dejando un saldo considerable aún pendiente de explicación.
A esa brecha de números se suma otro elemento que alimenta la controversia: reportes de investigación señalan que Velásquez habría repartido L400 millones entre allegados, lo que ayudaría a entender por qué las cifras que se mencionaban no coinciden con lo encontrado por las autoridades. En cualquier caso, el resultado es el mismo para los afectados: una gran porción del dinero sigue sin devolverse y la incertidumbre continúa.
En medio de esta presión, el fiscal general Johel Zelaya ha instruido la devolución inmediata de los fondos a los ciudadanos perjudicados. “Inmediatamente, los administradores de esta empresa procedan a la devolución del dinero de cada víctima, es una orden del fiscal”, afirmó en su momento, dejando clara la postura del Ministerio Público.
Por ahora, Velásquez continúa procesado junto con otras dos personas, y se mantiene inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aun así, su figura sigue en el centro de la discusión, no solo por el proceso judicial, sino por el peso de sus declaraciones y por la posibilidad —aún incierta— de que exista una vía efectiva para recuperar los ahorros.
Desde el Codeh, Maldonado planteó que el nuevo gobierno debería adoptar una estrategia distinta para que el exgerente “proceda de inmediato” a devolver el dinero, incluso contemplando una medida sustitutiva bajo una condición estricta: que el reintegro sea absoluto. También afirmó que el organismo está dispuesto a mediar, pero con un objetivo claro y urgente: que la gente comience a recuperar su dinero y se detenga el impacto económico que, según describió, ya está provocando estragos.
Mientras tanto, el país observa cómo el caso de Koriun Inversiones vuelve a crecer en tensión: protestas en aumento, promesas bajo duda, cifras que no encajan y miles de familias que todavía esperan una respuesta concreta sobre el destino de sus ahorros, en una búsqueda que pretende equilibrar justicia y recuperación económica.
