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La arriesgada labor de investigar la corrupción en Ucrania durante la guerra

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Periodistas y ONG dedicadas a supervisar a la Administración advierten de la coacción y las restricciones que sufren por parte del poder político.

Por El País

Ilia Vitiuk era un hombre afable y carismático cuando el 7 de febrero atendió a EL PAÍS en Kiev. Vitiuk era el jefe de Ciberseguridad de los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU). Con este diario habló de los ciberataques rusos durante la invasión de su país, un tema que domina y con el que se sentía cómodo. Menos amable fue con Yevhen Shulhat, periodista del medio Slidstvo Info, que el 4 de abril reveló unas presuntas operaciones irregulares inmobiliarias de la familia de Vitiuk. Tres días antes, mientras Shulhat investigaba el caso, fue acosado por dos soldados y un agente del SSU: lo identificaron por sorpresa mientras visitaba un centro comercial para conminarle a que se alistara en el ejército. Slidstvo Info pudo descubrir, gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento, la identidad del oficial del SSU que dirigió la operación, un hombre próximo a Vitiuk. Este fue cesado de su cargo el 1 de mayo por el presidente, Volodímir Zelenski.

El periodismo de investigación es un oficio de riesgo en Ucrania desde hace décadas. La muerte en 2000 del fundador del diario Pravda, Gueorgui Gongadze, fue un escándalo nacional que puso contra las cuerdas al presidente Leonid Kuchma. Gongadze investigaba la corrupción en el Gobierno y fue asesinado por cuatro policías. Su diario es hoy un medio de referencia del país, también en la supervisión del poder, y su figura es un icono del esfuerzo de la sociedad ucrania para democratizar el sistema. Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales advierten ahora de que la impunidad ha ido a más durante la guerra.

La diferencia es que Ucrania está hoy más que nunca bajo la lupa internacional. Su condición de candidato para acceder a la Unión Europea supone un salto adelante en la lucha contra la corrupción y en la transparencia institucional. Y sus aliados europeos, pero sobre todo Estados Unidos, también exigen medidas de control y monitorizan dónde van a parar las decenas de millones de euros que se transfieren a Ucrania en ayuda financiera y militar.

Un total de 16 entidades de defensa de los derechos humanos publicaron el 12 de abril un manifiesto en el que alertaban al Gobierno y al poder judicial sobre la práctica cada vez más frecuente de denunciar a activistas y a periodistas por supuestamente incumplir la obligación de incorporarse a filas. El manifiesto, que nombra a dos activistas y a cuatro reporteros afectados por esta práctica en los últimos meses, indica: “Con esta estrategia de desacreditar a activistas y periodistas de investigación, las fuerzas del orden violan la presunción de inocencia y manipulan la cuestión de la movilización. Estas acciones son inaceptables y de forma deliberada cambian el foco de la atención pública”. El texto subraya que estas presiones “desacreditan a Ucrania a nivel internacional y hacen el juego a la propaganda rusa que difunde la narrativa de un país [Ucrania] autoritario y antidemocrático”.

La filial ucrania de la ONG Transparencia Internacional, una de las firmantes del manifiesto, emitió un comunicado el 17 de enero en el que advertía que “los ataques a los periodistas se están convirtiendo en algo sistemático”. “Transparencia Internacional Ucrania considera que cualquier modo de presión contra los periodistas es inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta las aspiraciones del país para acceder a la Unión Europea”, añadía.

Este comunicado se divulgó a raíz de un caso de coacción que ha sido investigado por la Fiscalía y que incluso provocó la intervención de Zelenski. El medio digital Bihus, especializado en reportajes de investigación sobre casos de mala praxis en el poder, fue espiado durante meses por el SSU. Vídeos de la vida privada de miembros de la redacción fueron grabados por sus agentes y difundidos en las redes sociales.

No todas las denuncias de la prensa son situaciones de acoso como la sufrida por Bihus o Slidstvo Info. El Instituto para la Información de Masas (IMI) es una ONG de análisis del periodismo en Ucrania. Cada mes publica un barómetro de la libertad de prensa. El último disponible, de marzo, contabilizaba 16 casos de violación de la libertad de expresión en Ucrania. Siete de ellos, los más violentos —acciones de guerra y ciberataques— fueron cometidos por las fuerzas ocupantes rusas; nueve fueron denuncias en el lado ucranio, la mayoría (cuatro), reclamaciones de varios medios por la negativa de varias instituciones de la Administración —entre ellas, el Parlamento—a facilitar información pública.

Dos medios y dos ONG han preferido no dar su opinión para este artículo. La editora de una empresa de comunicación que ha sido víctima de presiones políticas accedió a explicar, con la condición de no facilitar su nombre, el porqué de estas negativas: “En este momento, cuando Ucrania afronta una nueva gran ofensiva rusa, es más importante y relevante hablar de esto y no de otros asuntos”.

“Diría que en Ucrania hay prensa libre, pero hay algunas restricciones y mucha autocensura”, manifestó el 27 de abril a la agencia Interfax la alemana Viola von Cramon, eurodiputada y vicepresidenta de la comisión para las relaciones parlamentarias con Ucrania: “Estos periodistas piensan que ‘si publico esto, si escribo eso, puede ayudar a Putin a desacreditar a Ucrania’. Y desde luego, esto no hace bien al periodismo”.

La eurodiputada de Los Verdes alemanes incidió en uno de los aspectos más polémicos de la presidencia de Zelenski, el control con el que somete a los medios críticos, sobre todo a partir del informativo televisivo unificado Teletón, puesto en marcha durante la guerra y que todos los canales deben emitir. “Hay una tendencia en la oficina del presidente a no dar voz a la oposición o a los críticos. Con el Teletón ha conseguido que el pluralismo en el sector de los medios prácticamente haya desaparecido”, dijo Von Cramon.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó este abril su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania. El documento pone el Teletón como ejemplo del control sobre la información: “El Gobierno ha vetado, bloqueado o sancionado a medios y a periodistas considerados una amenaza para la seguridad nacional o que expresaron opiniones que van en contra de la integridad territorial. Algunos opinadores críticos con el Gobierno fueron vetados en los informativos públicos. Periodistas de investigación han sido a veces objeto de campañas de difamación. Otras prácticas afectan a la libertad de prensa, incluida la autocensura”.

Serhiy Leshchenko, asesor de la presidencia ucrania, aseguró el 29 de abril a la agencia estatal Ukrinform que sin el Teletón “habría un caos mediático que haría más fácil debilitar internamente a la sociedad”. “El Teletón fue creado para ser una fuente de información veraz, no de falsedades”, abundó. Leshchenko amenazaba implícitamente a la oposición con ser investigada por el SSU: “Los políticos de Ucrania que desinforman están en plena sintonía con Rusia. Esta es una pregunta para los servicios de inteligencia, ¿por qué hay políticos ucranios que difunden esta información? ¿Son parte de la propaganda rusa o son idiotas útiles?”.

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