El anterior presidente, Kevin McCarthy, ordenó su apertura en septiembre, pero los republicanos quieren ahora que el pleno la avale y formalice.
Por El País
Cuando los republicanos se hicieron con el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos hace un año, tenían una cosa clara: querían hacer la vida imposible a Joe Biden. Desde el primer momento propusieron someter a proceso político (impeachment) para su destitución al presidente, aun sin tener argumentos de peso para ello. Finalmente, acosado por sus propios compañeros, el anterior presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ordenó en septiembre abrir una investigación previa de cara a un posible impeachment. Con tal de contentar al ala dura del Partido Republicano, McCarthy traicionó su promesa de someter una decisión así al pleno de la Cámara. Ahora, de alguna manera, los republicanos quieren por fin votar, quizá este mismo miércoles, la apertura de una investigación ya abierta.
En realidad, la investigación ni siquiera lleva abierta solo desde septiembre, sino desde hace años. Bajo la presidencia de Donald Trump, los republicanos trataron de conectar los negocios en el extranjero de Hunter Biden, hijo del presidente, con su padre, en la época en que era vicepresidente, sugiriendo sobornos, abuso de poder o tráfico de influencias, pero sin encontrar indicios. Ahora son los más fieles aliados de Trump en el Congreso los que impulsan la investigación.
Desde que se hicieron con la mayoría en la Cámara, los republicanos han ido citando a quienes pensaban que podrían implicar a Joe Biden sin lograrlo. En septiembre, tratando de contentar al ala dura, McCarthy ordenó a tres comisiones de la Cámara abrir una investigación de un modo más formal, alegando una “cultura de corrupción” e insinuando acusaciones, pero sin pruebas. No se atrevió a someter la decisión al pleno porque creía que los republicanos moderados, elegidos en distritos competitivos, le darían la espalda, dado que no se veían motivos para un paso así.
Las comisiones apenas han logrado nada en estos primeros meses de trabajo. Han emitido requerimientos y citaciones que no han llevado a ninguna parte. En la primera vista con testigos, incluso los comparecientes citados por los republicanos, dijeron que no veían motivos para un impeachment. Los trabajos se han encontrado con una dificultad adicional. Al no haberse votado en el pleno la apertura de la investigación, no está claro que sus citaciones tengan fuerza vinculante. Los republicanos habían citado para este miércoles a Hunter Biden para comparecer a puerta cerrada, pero este dijo que solo acudiría si se trataba de una vista pública. Aunque algunos congresistas han amenazado con acusarle por desacato, lo cierto es que no parece que puedan obligarle legalmente.
La Casa Blanca también ha rechazado atender requerimientos y citaciones alegando falta de legitimidad para exigir su cumplimiento con varios argumentos legales, entre ellos de forma destacada que la investigación no ha sido formalmente aprobada, pues no ha habido votación en el pleno.
El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se ha mostrado a favor de la votación con argumentos precisamente jurídicos. “La Cámara no tiene otra opción si va a seguir su responsabilidad constitucional de adoptar formalmente una investigación de destitución en el pleno para que cuando las citaciones sean impugnadas en los tribunales, estemos en la cúspide de nuestra autoridad constitucional”, dijo hace unos días pasada, anticipando que esta semana sería la votación. Lo confirmó este martes en un artículo publicado en USA Today.
La Casa Blanca se empleó a fondo para presentar la apertura de una investigación como una demostración del extremismo republicano. La Casa Blanca distribuyó en septiembre un informe de 14 páginas con el que trataba de desmontar una por una las alegaciones. En buena medida, el informe se apoyaba en declaraciones de congresistas republicanos que admitían que no se habían demostrado irregularidades, pero también demostraba algunas acusaciones burdas o manipuladas
Ahora, la segunda imputación de Hunter Biden, acusado de defraudar impuestos al tiempo que llevaba una vida de excesos y perversiones, ha dado alas a los republicanos. Sin embargo, Hunter no es un cargo federal, no hay forma de procesarle políticamente y los congresistas no han logrado demostrar que el presidente se beneficiara de ninguna manera de sus negocios. Pero sus imputaciones facilitan que los republicanos cierren filas para aprobar en el pleno la investigación, más aún cuando en la práctica se trata de una formalidad para dar legitimidad a una investigación ya en marcha.
La mayoría republicana es muy estrecha (221-213), pero si alguno de los congresistas del grupo se desmarca, se puede encontrar con que otro candidato avalado por Trump le desafíe en las primarias. La votación está prevista en principio para este miércoles. El jueves es la última sesión antes del receso navideño.
El hijo del presidente, mientras, ha lanzado una batería defensiva en el juzgado de Delaware para pedir el archivo del caso de compra y posesión ilegal de un arma. Se considera perseguido políticamente, defiende la validez del acuerdo que alcanzó con la fiscalía y se apoya en el derecho a llevar armas consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución, según los argumentos de las diferentes mociones para desestimar el caso.
Los republicanos quieren torturar políticamente a Biden y creen que una investigación de este tipo puede compensar algo las imputaciones y juicios que Donald Trump tiene por delante hasta las presidenciales del 5 de noviembre del año próximo, en las que también se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
Una investigación previa
La Constitución de Estados Unidos regula en su artículos 1 y 2 la posibilidad de someter a los cargos públicos a un proceso político de destitución o impeachment. En el caso de los cargos públicos federales, la acusación corresponde a la Cámara de Representantes y el juicio se realiza en el Senado. El artículo 2 señala en su sección cuarta que “el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de ser sometidos a un juicio político y recibir una condena por traición, cohecho u otros delitos graves y faltas leves”. Además de los federales, hay juicios políticos estatales.
Lo que se ha abierto y ahora se pretende votar es una investigación previa al impeachment, para tratar de dilucidar si hay material para ir adelante con el proceso. Una investigación formal de ese tipo no es imprescindible para formular la acusación, pero sí lo habitual.
Tras la investigación, lo usual es que sea una comisión la que concrete los artículos de impeachment, el equivalente penal a los cargos o acusaciones y que se sometan al pleno de la Cámara baja. Si se formulan y aprueban por el pleno, para lo que se requiere mayoría simple, sería el Senado el que efectuase el juicio del impeachment. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, lo presidiría. Congresistas designados por la Cámara de Representantes actuarían como fiscales, mientras que los senadores harían de jurado. Según la Constitución, “nadie podrá ser convicto sin que concurran en ello las dos terceras partes de los senadores presentes”. Es decir, harían falta 67 votos en el caso de que concurran los 100 senadores. Los demócratas tienen en la Cámara Alta una mayoría de 51 a 49.
El procesamiento político es un procedimiento excepcional. Solo tres presidentes a lo largo de la historia (Andrew Johnson, en 1868; Bill Clinton, en 1998, y Donald Trump, este por dos veces, en 2019 y 2021) han sido sometidos al juicio político del Senado a instancias de la Cámara de Representantes y todos han sido absueltos.
El primer juicio político a Trump está emparentado con el actual. Nació de los intentos de Donald Trump de buscar la ayuda de Ucrania para difamar a Joe Biden, por entonces el favorito para la nominación presidencial demócrata 2020, por los negocios de su hijo en el país. La Cámara de Representantes le acusó en diciembre de 2019 de abuso de poder por presionar a Ucrania para investigar a su rival político y de obstrucción al Congreso por ordenar a funcionarios que se negaran a testificar. Fue absuelto de ambos cargos por 48-52 y 47-53 votos, con mayoría para quienes lo consideraron no culpable.
