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La Cancillería y la CSJ buscan agilizar trámites de antecedentes penales a hondureños en el exterior

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Tegucigalpa. – El titular de la Cancillería, Eduardo Enrique Reina, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, se reunieron recientemente para discutir un sistema que permitiría a los migrantes hondureños obtener rápidamente sus certificados de antecedentes penales en el extranjero.

Al usar este mecanismo, se ayudará a los hondureños en el exterior a no tener que gastar tiempo, recursos o dinero en designar representantes legales para manejar este proceso en su nombre. Ambas instituciones también participarán en actividades cooperativas adicionales.

“Estamos proponiendo a la Corte Suprema de Justicia la idea de agilizar los trámites de solicitud de antecedentes penales y policiales de nuestros compatriotas. No hay que olvidar que los connacionales tienen que erogar grandes cantidades de dinero para elaboración de poderes y eso les toma tiempo y ellos los requieren con urgencia”, indicó el funcionario.

De acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, los hondureños en el exterior necesitan agilizar los trámites para que se puedan realizar en línea y con mayor rapidez, como los trámites necesarios para tramitar sus solicitudes de residencia, empleo e incluso para cambiar su nacionalidad.

Argumentó que debido a que los compatriotas que viven en el extranjero producen más del 24% del PIB del país, la presidenta Xiomara Castro ha emitido directivas para agilizar el proceso de documentación para que sea rápido y fácil.

Reina brindó un ejemplo de tal procedimiento donde los ciudadanos de los consulados pueden ingresar automáticamente al sistema y recibir información certificada por la Corte Suprema de Justicia y el resto solo necesitará completar la apostilla correspondiente sin necesidad de que los hondureños pierdan mucho tiempo. Dichos vínculos se hacen en naciones como México y Colombia, dijo.

La diplomática informó que la presidenta de la Corte Suprema había manifestado que hablaría con los equipos técnicos del Poder Judicial para conocer más sobre el procedimiento. También designarían enlaces con la Cancillería y asignarían algunos magistrados avezados, como el abogado Milton Jiménez Puerto.

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