Tegucigalpa, Honduras – La controversial estrategia anunciada por el presidente del Congreso Nacional para garantizar el control legislativo enfrenta un rechazo frontal de sectores opositores que denuncian una interpretación autoritaria de las normas constitucionales.
Los diputados Tomás Zambrano y Marlon Lara, junto a la constitucionalista Ruth Lafosse, calificaron como ilegales e inconstitucionales las pretensiones de Luis Redondo de suplantar parlamentarios e instalar un Congreso bajo su dirección exclusiva.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reveló que las amenazas de Redondo constituyen un patrón recurrente, señalando que «ya lo ha hecho unas tres veces en el Congreso Nacional».
Zambrano defendió que resulta completamente ilegal suplantar diputados según el criterio presidencial, recordando que «nunca un diputado suplente ha suplantado el curul de un diputado de otro partido», estableciendo así un precedente histórico que respalda la posición opositora.
La respuesta legislativa de la oposición combina resistencia institucional con presencia física en el hemiciclo. El diputado Marlon Lara anunció que «mañana estaremos en nuestros curules», mientras defendió que «la insurrección legislativa continuará, pero van a cuidar sus curules para no ser suplantados». Lara caracterizó las pretensiones presidenciales como ataques directos «contra la Constitución y las leyes de Honduras», recordando que «la mayoría de diputados son oposición».
El análisis jurídico más contundente provino de la constitucionalista Ruth Lafosse, quien advirtió sobre «un uso peligroso del artículo 197 de la Constitución de la República». Este artículo establece que los diputados que «con su inasistencia y abandono injustificados de las sesiones, dieren motivo a que no se forme el quórum, o se desintegre éste, serán expulsados del Congreso y perderán por un período de diez años el derecho de optar a cargos públicos».
Lafosse alertó que una aplicación distorsionada de esta disposición «podría paralizar el Congreso Nacional desde la presidencia misma y no a causa de uno o los diputados».
La especialista enfatizó que la manipulación de este artículo no promueve «disciplina parlamentaria, sino una herramienta política de persecución», estableciendo un precedente que podría fundamentar futuras acciones autoritarias contra la representación democrática. La confrontación constitucional promete intensificarse conforme se materialicen las amenazas presidenciales y la resistencia opositora en las próximas sesiones legislativas.
