“En América Latina vemos en estos tribunales internacionales una especie de garantía para las situaciones tambaleantes que se dan en nuestro continente”, dice experto colombiano a DW.
Por DW
En América Latina han sido más bien escasas las reacciones a la decisión de Karim Kahn, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás. Aparte del apoyo explícito de Colombia y Chile, y las abiertas críticas de Paraguay, no hay mucho que consignar.
Pero la solicitud, sobre la que aún debe resolver el tribunal, no pasa inadvertida en la región. «Me parece que el fiscal Kahn envía un mensaje de que esta no es una corte que únicamente está persiguiendo los crímenes que se cometan en países en vías de desarrollo, sino que está dispuesto, al menos desde la Fiscalía, a hacer efectivo el cumplimiento del derecho internacional en cualquier parte del mundo, incluyendo a países desarrollados del norte global”, dice a DW Enrique Prieto, profesor de derecho internacional en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia.
También Araceli Mangas Martín, profesora emérita de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, considera positivo «que haya la posibilidad de que grandes personalidades, jefes de Estado, jefes de Gobierno, puedan ser investigados y también, llegado el caso, acusados, si se dan esas circunstancias”.
En este contexto, el académico colombiano hace notar la relevancia de esta señal, dado que, «desde los países en vías de desarrollo, especialmente desde África, pero también desde América Latina, había una crítica constante”, en cuanto a «prácticas neocolonialistas” del tribunal, que había investigado principalmente casos del continente africano o de Europa oriental.
Adhesión latinoamericana a la CPI
Eso no significa, sin embargo, que la CPI no haya tenido amplia acogida en América Latina y el Caribe. 28 Estados del área son parte del Estatuto de Roma, que le dio vida. El último de ellos en ratificarlo fue El Salvador, en 2016.
«Cuando se desarrolló el debate para crear la Corte Penal estable, permanente, Latinoamérica estuvo en primera línea para apoyar su creación. Y hay muchas asociaciones de derechos humanos que siguen apoyando a la Corte Penal Internacional. No tengo la menor duda de que es un continente muy sensibilizado, porque ha sufrido situaciones terribles, con dictaduras y violaciones sistemáticas de los derechos humanos”, dice Araceli Matas.
Enrique Prieto destaca igualmente el trasfondo histórico: «En Latinoamérica, los tribunales internacionales, incluyendo los regionales, siempre han sido vistos con buenos ojos, por una razón, y es la historia de golpes de Estado y de dictaduras, a los cuales la jurisdicción nacional nunca ha podido reaccionar de manera adecuada. Hay una historia en este continente de que la justicia puede ser influenciable por el gobierno de turno y que eso puede impedir investigaciones en caso de crímenes que vulneran los artículos del Estatuto de Roma”.
Los casos de Colombia y Venezuela
Eso se refleja no solo en una mirada positiva hacia dichas instancias, sino también en las reacciones cuando Estados de la región han estado en la mira. Venezuela es el primer país latinoamericano objeto de una investigación formal de la CPI, abierta en 2021, por posibles crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2024, el tribunal desestimó una apelación venezolana para cesar las investigaciones y, en abril, el fiscal Karim Kahn visitó nuevamente Venezuela, donde fue recibido por el presidente Nicolás Maduro.
En su momento, Colombia fue igualmente objeto de investigaciones, aunque preliminares, por el caso de los falsos positivos. Estas se cerraron en 2021, porque «se había adelantado en las investigaciones en la Justicia Penal ordinaria de Colombia, y porque después del acuerdo de paz con las FARC se creó la Justicia Especial para la Paz, que está aplicando no solo derecho nacional sino también internacional, y que está juzgando también las actuaciones de altos mandos militares en los falsos positivos”, explica Enrique Prieto.
El académico apunta que «a Colombia no le gustó” la investigación, pero «en Latinoamérica nunca ha habido una repercusión de política de hostigamiento o incluso de críticas de alto nivel (hacia la CPI) como las que ha hecho Israel ahora, y el Gobierno estadounidense, que dice que esto es contra moral, que es apoyar al terrorismo. En Latinoamérica nunca ha ocurrido tal cosa, y eso habla del respeto que más o menos tenemos hacia el derecho internacional, y de cómo vemos en estos tribunales internacionales una especie de garantía para las situaciones tambaleantes que se dan en nuestro continente”.
¿Qué ocurriría si se dictara finalmente una orden de arresto contra Netanyahu y este visitara América Latina? Los especialistas en derecho internacional coinciden en señalar que los Estados parte del Estatuto de Roma están obligados a ejecutarla. Pero siempre pueden encontrarse resquicios. Por ejemplo, algún país aliado de Israel podría argumentar que, por su calidad de jefe de Gobierno, Netanyahu está protegido por la convención de relaciones diplomáticas y que solo se lo podría detener tras dejar el cargo, explica Prieto. Sin embargo, lo considera un argumento débil, aunque no absurdo.
También Araceli Mangas piensa que Netanyahu tendría que pensarlo mucho cuando salga de Israel. «Podría ir a Estados Unidos, podría ir a Rusia (que no son parte de la CPI), etc., y con los demás países tendría que negociar. Pero lo va a tener muy complicado. Lo más seguro es que tendrían que entregarlo”
