Las protestas de los jubilados en Argentina han acaparado una inusitada atención al unírseles (infiltrárseles, interpretan también algunos) las barras bravas, los hinchas radicales del fútbol.
Por DW
Más allá de la polémica por la dureza de los enfrentamientos con la policía, ¿son justificadas sus quejas? «Sí, sin dudas, dentro del ajuste que tiene la política pública nacional argentina, los jubilados son uno de los principales grupos afectados», señala Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Universidad de Buenos Aires.
Curcio cifra el «ajuste desproporcionadamente mayor» de las pensiones, especialmente las mínimas, en una «caída de las prestaciones que puede alcanzar hasta el 30 por ciento», lo que pone «a los jubilados en esa situación por debajo de la línea de pobreza y muy cerca de la línea de indigencia o de pobreza extrema».
Y puede que la situación empeore, ya que hoy termina la moratoria para que quienes no hayan cumplido los treinta años cotizados puedan acceder a una pensión (las pensiones no contributivas) y el Gobierno de Javier Milei ha decidido no prorrogarla. Actualmente, sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez hombres llegan a la edad de jubilación con esos años cotizados.
«La motosierra de alguna manera le pasó por encima de manera plana a todos los sectores y, respecto a las jubilaciones, empeoró las cosas», resume gráficamente Curcio. Así que, concluye, «hay un reclamo válido», aun admitiendo que, «de cualquier manera, lamentablemente, las pensiones tenían que ser recortadas; pero el problema es la modalidad del recorte y el ritmo de ajuste».
Crisis de los sistemas de pensiones en todo el mundo
No sólo el sistema de pensiones argentino tenía que ser reformado. En realidad, «los sistemas de pensiones en todo el mundo están en crisis», afirma Curcio. No es algo exclusivo de Argentina, ni de América Latina, aunque en la región, a los problemas de sostenibilidad generalizados, se unen otros particulares, como los altos niveles de informalidad en la economía y de corrupción política.
Pero, ¿está la situación de los jubilados comparativamente peor en Argentina que en el resto de Latinoamérica? Un indicador básico para hacer una comparación inicial puede ser el de las pensiones mínimas.
Aunque da una idea de la situación, no es suficiente para hacer una comparación efectiva, porque esos valores tendrían que ser ponderados por el nivel de precios. «La Argentina hoy debe ser el país más caro en dólares de la región y entre los más caros del mundo», estima Curcio. Si atendemos al «poder adquisitivo, independientemente del valor del dólar, la capacidad de protección es más baja que la de otras jubilaciones expresadas en dólares en otros países en América Latina».
Es difícil decir en qué país vivien mejor los jubilados, pero en ese sentido, donde la situación es objetivamente peor es en Venezuela, con una jubilación mínima de 130 bolívares que, al cambio actual, no llega a los dos dólares. «Con eso no alcanza ni para ir a comprar pan», dice gráficamente Alberto Martínez, profesor de Economía en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. «El último cálculo de la canasta básica alimentaria era de 600 dólares aproximadamente», recuerda.
Una comparación entre los sistemas de pensiones más exhaustiva tendría que analizar muchos otros parámetros. La consultora alemana Mercer evalúa hasta medio centenar de variables, en cuestiones como sostenibilidad del sistema o cobertura para los jubilados, para otorgar una puntuación con la que elabora su Índice Global de Pensiones, una clasificación de los sistemas de pensiones de 48 países. Y ahí Argentina es la penúltima, aunque Venezuela, por ejemplo, no está entre los países estudiados.
Desde donde también evalúan los distintos sistemas de pensiones para ofrecer recomendaciones a los distintos países de la región es desde la CEPAL. Claudia Robles, de su División de Desarrollo Social, explica que la heterogeneidad de las estadísticas, incluso dentro de los distintos sistemas de pensiones de un mismo país, es una de las complicaciones a las que se enfrenta a la hora de hacer comparaciones.
Ella recuerda que «los sistemas de pensiones deben avanzar hacia el pleno cumplimiento de los principios de la seguridad social, plasmados en los diversos acuerdos internacionales, convenios y recomendaciones de la OIT». Y cita la universalidad, la sostenibilidad financiera y la igualdad, entre esos principios.
La CEPAL centra su evaluación en «los niveles de cobertura alcanzados, los niveles de suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad financiera en su diseño», explica Robles, autora también de un informe reciente que compara los sistemas de pensiones no contributivos de la región. «De esta forma, es previsible que los países que alcancen un equilibrio saludable entre estas tres dimensiones podrán avanzar en la senda de otorgar mejores pensiones para la población mayor», afirma.
Y, desde luego, ha habido avances. «Entre 2000 y 2022, la cobertura de los sistemas de pensiones en 17 países de América Latina se había incrementado del 52,4 al 75,5 por ciento de las personas de 65 años y más, fundamentalmente, gracias al crecimiento en la cobertura no contributiva», afirma Robles. Aunque admite que «la situación en los países es muy heterogénea y oscila entre países que han logrado una cobertura superior al 90 por ciento y otros en la que ésta se encuentra por debajo del 25 por ciento de la población mayor».
Venezuela, «en un foso profundo»
«Si tú quieres hablar mal del Gobierno, puedes decir, y es correcto, que la pensión en Venezuela es la más baja de Latinoamérica después de que fue la más alta, pero no es exactamente así si tomas en cuenta que el Gobierno da bonos», dice Alberto Martínez desde Caracas.
Efectivamente, quienes reciben la pensión mínima en Venezuela la ven complementada con bonos con nombres como «bono de amor mayor», que suman unos 40 dólares a la cuenta. Pero son, se queja, una «concesión» de Maduro. «Eso es típico de los Gobiernos populistas, tanto de izquierda como de derecha», afirma, recordando que Menem en Argentina o Fujimori en Perú también lo hacían.
Hasta que no se vuelva al crecimiento económico, lamenta Martínez, no se podrá abordar el problema del sistema de jubilación. «Ni tantos otros», dice. «En Venezuela, que está metida en un foso tan profundo, (…) no se está generando suficiente dinero para solventar problemas como el de las pensiones».
Incluso empieza «a haber preocupación por el envejecimiento de la población», uno de los principales problemas de los sistemas de pensiones en los países más avanzados. Pero no sólo por la bajada de la natalidad: «Lo que pasa es que aquí se fue más del 20 por ciento de la población, muchos de ellos jóvenes».
Una de las razones de las protestas en Argentina es que el sistema de pensiones llegó a unos niveles de cobertura tales hasta los años sesenta del siglo pasado, que esa, en palabras de Curcio, «lógica del bienestar» quedó «como una demanda de la sociedad».
En Venezuela, como recuerda Martínez, Hugo Chávez se jactaba de contar con las pensiones más altas de Latinoamérica. ¿Por qué no hay protestas de jubilados allí? «Sí las ha habido», dice. «Tanto en la cuarta república como en la quinta república, tú siempre veías a los viejitos manifestando», recuerda. Pero «en Venezuela se agotó la capacidad de protesta, este Gobierno ha logrado prácticamente impermeabilizarse» y «logró controlar la situación social» ante una oposición maniatada.
De todas formas, está por ver si las protestas pueden ser el detonante de una reforma efectiva de las pensiones. En Argentina, lo están intentando. ¿Cómo debería ser ésta? «Es fundamental -explica Claudia Robles desde la CEPAL- que los procesos de reforma de pensiones consideren entonces los desafíos en estas tres dimensiones: cobertura, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera». Aunque añade: «No hay una única solución frente a estos desafíos».
