Tegucigalpa, Honduras.— La Corte Suprema de Justicia retomó este viernes el procesamiento de solicitudes de extradición en sesión plenaria, designando a los magistrados que actuarán como jueces naturales en los nuevos casos recibidos, en medio de la incertidumbre jurídica que persiste sobre el futuro del tratado bilateral con Estados Unidos.
El oficial de comunicaciones del Supremo, Melvin Duarte, confirmó que el pleno sesiona esta tarde para distribuir los expedientes entre los magistrados que tendrán competencia sobre los procesos, un trámite administrativo que marca la reactivación de un mecanismo que estuvo paralizado durante meses por la crisis política generada por la denuncia presidencial del tratado.
Apenas el jueves, la CSJ había recibido dos pedidos estadounidenses que fueron asignados el mismo día, correspondientes a Joaquín Alvarado y Zacarías Antúnez Padilla, reclamados por abuso sexual y homicidio cometidos en territorio estadounidense, delitos que marcan un cambio respecto al perfil tradicional de extraditados hondureños, mayoritariamente vinculados a narcotráfico.
La rapidez en la asignación de jueces contrasta con la lentitud que caracterizó el proceso durante el segundo semestre de 2024, cuando la amenaza de Castro de terminar el tratado generó un limbo procesal que dejó solicitudes pendientes sin resolución.
Desde que el Congreso Nacional reformó el artículo 102 constitucional en enero de 2012 —eliminando la prohibición de extraditar nacionales—, 66 hondureños han sido entregados a jurisdicciones extranjeras: 64 a Estados Unidos y 2 a Costa Rica, según el registro oficial del Poder Judicial.
El mecanismo ha sido considerado exitoso en el combate al narcotráfico, con decenas de hondureños cumpliendo condenas en prisiones federales estadounidenses o enfrentando juicios por delitos relacionados con el tráfico de drogas, incluyendo figuras de alto perfil como el expresidente Juan Orlando Hernández —recientemente indultado— y su hermano Tony Hernández, quien purga cadena perpetua.
El marco legal que sustenta estas entregas tiene más de un siglo de antigüedad: el tratado original fue suscrito el 15 de enero de 1909 y entró en vigor el 10 de julio de 1912, siendo complementado por una convención suplementaria firmada el 21 de febrero de 1927 que comenzó a regir el 5 de julio de 1928.
Sin embargo, esos instrumentos no permitían la extradición de nacionales hasta que la reforma constitucional de 2012 removió esa prohibición, abriendo la puerta a lo que se convertiría en una herramienta clave de la cooperación antinarcóticos entre Tegucigalpa y Washington.
Carlos Arnaldo «El Negro» Lobo se convirtió en mayo de 2014 en el primer hondureño extraditado bajo el nuevo régimen constitucional, mediante un auto acordado de la CSJ que estableció el precedente para los 65 casos posteriores, algunos de los cuales ya han cumplido sus condenas y recuperado la libertad.
Pero el 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro detonó una crisis bilateral al denunciar el tratado de extradición, argumentando que Washington lo utilizaba para «dirigir la política del país», en un contexto donde su cuñado Carlos Zelaya enfrentaba señalamientos por aparecer en un «narcovideo» negociando supuestamente con narcotraficantes.
La decisión presidencial paralizó el mecanismo durante seis meses y generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos, aunque Castro posteriormente suspendió la denuncia sin ofrecer claridad sobre si la retiraría definitivamente o la mantendría latente.
Actualmente, el estatus del tratado permanece en el limbo: técnicamente vigente pero bajo la amenaza de una denuncia presidencial que puede reactivarse en cualquier momento, generando inseguridad jurídica tanto para autoridades estadounidenses que solicitan extradiciones como para hondureños reclamados que desconocen si serán procesados o protegidos.
La reanudación de asignaciones de jueces sugiere que la CSJ interpreta que el tratado sigue operativo y que tiene la obligación de procesar las solicitudes recibidas, independientemente de las declaraciones políticas de la presidenta Castro.
Sin embargo, la inclusión de casos por delitos comunes (abuso sexual, homicidio) además de narcotráfico amplía el alcance del mecanismo y podría generar nuevos debates sobre si Honduras debe entregar nacionales por cualquier delito o solo por aquellos vinculados al crimen organizado transnacional.
El perfil de los 66 extraditados ha sido predominantemente de narcotraficantes de alto y mediano nivel, incluyendo líderes de carteles, operadores logísticos y funcionarios públicos corruptos vinculados al tráfico de drogas, convirtiendo la extradición en el instrumento más efectivo contra estructuras criminales que operan transnacionalmente.
La efectividad del mecanismo contrasta con la debilidad del sistema judicial hondureño, donde la corrupción, la impunidad y la falta de recursos dificultan el procesamiento exitoso de casos complejos de crimen organizado, haciendo que la extradición sea vista como la única vía real de justicia.
La crisis de agosto de 2024 evidenció cómo consideraciones políticas —específicamente la protección de Carlos Zelaya— pueden poner en riesgo instrumentos de cooperación internacional, generando costos diplomáticos y debilitando la credibilidad de Honduras en la lucha contra el narcotráfico.
La indefinición actual sobre el futuro del tratado mantiene en incertidumbre tanto a autoridades judiciales que deben procesar solicitudes como a la comunidad internacional que observa si Honduras mantendrá su compromiso con la cooperación antinarcóticos o si consideraciones políticas internas terminarán prevaleciendo sobre obligaciones internacionales.
