Las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas.
El Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el hecho de que la autoridad electoral no anuncie los resultados desagregados por mesa de votación constituye una grave violación de los principios electorales.
El proceso electoral venezolano no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas y violó numerosas disposiciones de su propia legislación nacional. Las elecciones tuvieron lugar en un entorno de libertades restringidas para los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, el CNE demostró un claro sesgo a favor del presidente en funciones.
El registro de votantes se vio afectado por plazos cortos, relativamente pocos lugares de registro y poca información pública. Los ciudadanos en el extranjero se enfrentaban a requisitos legales excesivos para registrarse, algunos de los cuales parecían ser arbitrarios. Esto privó efectivamente del derecho al voto a la mayor parte de la población migrante, lo que resultó en un número muy bajo de votantes en el extranjero.
El registro de partidos y candidatos tampoco cumplió con los estándares internacionales. En los últimos años, varios partidos de oposición han cambiado sus registros a líderes que favorecen al gobierno. Esto influyó en la nominación de algunos candidatos de la oposición. Es importante destacar que el registro de la candidatura de las principales fuerzas de oposición estuvo sujeto a decisiones arbitrarias del CNE, sin respetar los principios legales básicos.
La campaña electoral se vio afectada por la desigualdad de condiciones entre los candidatos. La campaña del presidente en funciones estuvo bien financiada y fue ampliamente visible a través de mítines, carteles, murales y campañas callejeras. A lo largo de la campaña se observó el abuso de recursos administrativos por parte del presidente en funciones, incluido el uso de vehículos gubernamentales, la campaña de funcionarios públicos en su capacidad oficial y el uso de programas sociales.
El titular también disfrutó de una cobertura abrumadoramente positiva en televisión y radio, en términos de publicidad, eventos televisivos y cobertura de noticias, mientras que el candidato principal de la oposición recibió poca cobertura mediática. Además, las autoridades intentaron con frecuencia restringir las actividades de campaña de la oposición. Esto incluía el hostigamiento o la intimidación de personas que proporcionaban servicios o bienes a la principal campaña de la oposición.
Aun así, los ciudadanos venezolanos acudieron pacíficamente y en gran número a expresar su voluntad el día de las elecciones. A pesar de los informes de restricciones en el acceso a muchos centros de votación para observadores nacionales y testigos de partidos de oposición; la posible presión sobre los votantes, como los puestos de control del partido gobernante en las cercanías de los centros de votación; y se informó de incidentes de tensión o violencia en algunas localidades; al parecer, la votación se llevó a cabo de manera generalmente civilizada.
En el limitado número de centros de votación que visitaron, los equipos de observadores del Centro Carter observaron el deseo del pueblo venezolano de participar en un proceso electoral democrático, como lo demuestra su participación activa como personal de votación, testigos de partidos y observadores ciudadanos. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron socavados por la total falta de transparencia del CNE al anunciar los resultados.
