Tegucigalpa – La reciente designación de la exjueza Karla Romero, recientemente destituida por presuntas irregularidades, para encargarse de la defensa privada de las exministras de Salud, Alba Consuelo Flores, y de Finanzas, Rocío Isabel Tábora, junto con la ex viceministra de Presupuesto, Roxana Rodríguez, ha generado un revuelo significativo en los círculos legales de Honduras.
Esta noticia ha sido el epicentro de diversas conversaciones tanto en los tribunales de justicia como en los medios de comunicación locales.
Tanto Romero, quien previamente había tomado la promesa de ley a la actual presidenta de la República, Xiomara Castro, como la renombrada abogada Doris Imelda Madrid, se presentaron este jueves ante los tribunales con la intención de solicitar que sus defendidas se presenten ante el juzgado de manera voluntaria.
El requerimiento fiscal recientemente emitido ha ocasionado la emisión de órdenes de captura contra seis personas, dos de las cuales ya se encuentran bajo custodia, mientras que las restantes planean entregarse de manera voluntaria en los próximos días.
El caso de los «Hospitales Móviles» ha sido el centro de atención en Honduras, ya que ha llevado a una serie de investigaciones por parte de la Fiscalía hondureña y ha provocado una condena de 10 años y 11 meses de prisión al exdirector de Invest-H, Marco Bográn, por fraude agravado.
Las exministras Flores y Tábora, junto con los ex viceministros de Finanzas, Daniel Antonio Ardón y Roxana Melani Rodríguez Alvarado, se enfrentan a acusaciones de fraude, mientras que los exfuncionarios de Invest-H, Bessy Roxana Rodríguez, Héctor Antonio Herrera Flores y Carlos Luis Guevara Mondragón, son imputados por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Con la emisión de las órdenes de captura, este caso ha generado una intensa atención tanto a nivel nacional como internacional, destacando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema judicial hondureño.
