Antes de inaugurar su sauna en el este de Lima, Eduardo empezó a ser extorsionado por celular. Ignoró la amenaza. El siguiente aviso fue muy diferente: una noche desde una moto alguien abrió fuego contra el local desocupado que acondicionaba.
Desde México hasta Colombia, Ecuador y Perú, pasando por El Salvador, Honduras o Guatemala, la extorsión ha minado la seguridad ciudadana. Sus millonarias ganancias lo sitúan detrás del narcotráfico o la trata de personas, y puede ser más rentable que la minería ilegal, según fuentes de inteligencia consultadas por la AFP.
En el caso de Eduardo, supo del ataque a través de un video enviado a su móvil. “Los dueños de San Juan de Lurigancho”, una banda que opera en este distrito, el más poblado de la capital peruana, con 1,2 millones de habitantes, le exigió una “matrícula” de instalación de 13.300 dólares y una mensualidad de 1.300.
“Estoy andando casi a escondidas porque me imagino que ellos ya han estudiado todo, y saben dónde vivo, dónde desayuno, dónde almuerzo, dónde pernocto”, señala este hombre de 40 años que oculta su verdadera identidad por temor.
Pequeños y grandes comerciantes, transportistas, núcleos residenciales y poblados completos son víctimas de organizaciones locales o internacionales.
En Perú la extorsión, incluso, tocó las puertas del fútbol. El atacante internacional Paolo Guerrero estuvo a punto de desistir de jugar para el club César Vallejo por amenazas a su familia.
Se trata del mismo mal con múltiples nombres: en Perú son Los Pulpos, en Colombia es el Clan del Golfo y en Ecuador, Tiguerones. También está el temido Tren de Aragua de Venezuela, la organización de mayor expansión del último quinquenio con presencia en Colombia, Chile y Perú.
Estos grupos se han transformado en “empresas criminales” en busca de mercados y “socios en otros países”, señala el fiscal peruano anticrimen Jorge Chávez.
Pese al poder de amedrentamiento de estas bandas, las denuncias se han disparado.
El año pasado Perú recibió 19.401 frente a 4.119 en 2021, un aumento del 471% en dos años.
En Ecuador, que enfrenta una inédita arremetida del narco, las denuncias se incrementaron en 482%, pasando de 2.801 casos en 2021 a 13.500 hasta septiembre de 2023.
En Colombia, donde por décadas guerrillas y paramilitares también han extorsionado, la cifra se ha cuadruplicado desde 2012: 2.316 casos frente a 9.297 el año pasado, según todos datos oficiales.
Y en México se denuncia una extorsión cada hora, de acuerdo con el gremio de empresarios Coparmex.
El miedo se propaga con métodos y mensajes similares.
“Sabemos quién eres, ya sabemos a qué hora abre tu negocio (…) sabemos cuándo vas al mercado, sabemos dónde estudia tu hijo”, es la advertencia que se volvió habitual por WhatsApp, señala Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros de Perú, que reúne a 22.000 pequeños comerciantes.
Según estima, 13.000 de ellos fueron chantajeados el año pasado. El siguiente aviso puede ser la “foto de tu familiar caminando”, tras lo cual algunos cierran o envían sus hijos al extranjero, añade.
Viuda de 43 años con dos hijas, Anita es otra víctima atemorizada. En enero lanzaron un explosivo y dispararon contra la fachada de su ferretería en Lima.
“Las amenazas me cambiaron la vida. Tengo que estar escondida con mis niñas entre cuatro paredes”, lamenta.
Las bandas han creado prácticamente un “Estado paralelo”: controlan territorios para después establecer un sistema de impuestos, sostiene el coronel ecuatoriano Roberto Santamaría, jefe policial de Nueva Prosperina, uno de los distritos más violentos del puerto de Guayaquil.
Después de imponer el terror mediante amenazas, se aseguran una recaudación empleando muchas veces menores que son inimputables. Otra facción se encarga de atacar a quienes resisten o incumplen.
En una fase más sofisticada del delito, un grupo cede a otro “la administración” de su área por una suma regular de dinero.
El coronel dimensiona su músculo financiero: en un solo conjunto de 2.000 viviendas en Nueva Prosperina, a cada una le cobraban dos dólares diarios; 120.000 al mes que pueden llegar a los 200.000 dólares con el cobro a transportistas.
En Colombia el control puede extenderse a poblaciones enteras. En Buenaventura, su principal puerto sobre el Pacífico, con 311.000 habitantes, “todos tienen que pagar” ya sea para “abrir un negocio, construir o mejorar un edificio”, señala Elizabeth Dickinson, analista de la ONG Crisis Group en Colombia.
Ante el avance de la extorsión, Perú creó en noviembre una fuerza de élite para combatir este crimen, cuyos métodos también han mutado.
En principio las bandas extorsionaban a cambio de garantizar la seguridad que ellas mismas arrebataban. Después vino la modalidad del gota a gota, pequeños préstamos con intereses semanales de hasta el 20%.
“Cuando el ‘cliente’ no puede pagar empieza el tema extorsivo: si no pagas te quemamos el quiosco, agarramos a tu familia, hermana o hijos y le hacemos lesiones o si no los matamos”, señala el fiscal Chávez.
Últimamente ‘call centers’ ofrecen créditos con un interés menor a través de una aplicación, que las víctimas descargan en sus celulares. El dinero lo reciben después de compartir información personal, que luego se utiliza para chantajear a toda la familia.
Además, los delincuentes están utilizando la inteligencia artificial para crear fotos de desnudos con el rostro real de mujeres. La imagen, con el mensaje “soy puta llámame a este teléfono”, la hacen circular entre algunos familiares y amigos. Para no hacerla viral, las víctimas tienen que pagar, explica el fiscal.
Pese al alto impacto del crimen, en las prisiones peruanas -desde donde también se hacen infinidad de llamadas extorsivas- hay poco más de un millar de condenados por este delito, menos del 1% de toda la población carcelaria.
Y a pesar del miedo, en muchas partes, el comercio sigue adelante: Eduardo finalmente abrió su sauna y Anita continúa con su ferretería.
