La Fiscalía española solicitó este lunes al juez Pablo Llarena, instructor de la causa que se sigue en España contra el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, que ordene de nuevo su busca y captura e ingreso en prisión tras la retirada de su inmunidad por la justicia europea.
El Ministerio Público español pidió también la búsqueda y detención del exconsejero catalán Antoni Comín, para quien el Tribunal de Justicia de la UE dictó la misma sentencia.
La Fiscalía solicita al magistrado que actúe contra Puigdemont y Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre seis y doce años debido a la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado.
En concreto, pide que se emita una orden de busca y captura internacional y otra de orden europea de detención y entrega.
Puigdemont y Comín se encuentran prófugos de la Justicia española en Bruselas desde el 30 de octubre de 2017, el mismo día que comenzó la ofensiva judicial en España por el intento secesionista en Cataluña del día 7 de ese mismo mes.
El líder independentista catalán fue elegido diputado en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 por la lista Lliures per Europa, pero no fue reconocido como tal hasta meses después al no haber recogido su acta y prometido o jurado la Constitución española.
Sin embargo, el 6 de enero de 2020, el Parlamento Europeo reconoció al político independentista como eurodiputado, después de que el 19 de diciembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciera que esa condición se adquiere desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.
Tras varios procesos judiciales, finalmente, el pasado 5 de julio, el tribunal europeo decidió retirarle la inmunidad como europarlamentarios a él, a Comín y a la exconsejera Clara Ponsatí, detenida este lunes en Barcelona.
Aunque Puigdemont y Comín aún pueden recurrir esa sentencia, la Fiscalía española destaca que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia previa.
En el auto del Ministerio Público, dictado tras la reforma del Código Penal español que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación, Llarena adaptó la imputación de Puigdemont y Comín, ciñéndola a los delitos de malversación y desobediencia.
La Fiscalía sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que permite a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.
