La oficina del fiscal especial Jack Smith amplía la imputación a una tercera persona, un empleado de mantenimiento de la mansión de Florida que mintió a los investigadores.
Por El País
Donald Trump se enfrenta desde el jueves a dos cargos adicionales de obstrucción a la justicia y uno de retención intencionada de información clasificada en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, por el que fue imputado el mes pasado en Florida, por ordenar el borrado de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la mansión para dificultar la investigación. Jack Smith, el fiscal especial del Departamento de Justicia para este caso y el de presunta injerencia electoral en 2020, ha ampliado la acusación a Carlos de Oliveira, un trabajador del servicio de mantenimiento de la residencia de Florida. Hasta ahora, los únicos imputados eran Trump y su asistente personal Walt Nauta. El anuncio de la fiscalía se produce horas después de que los abogados del republicano se entrevistaran con miembros de la misma en Washington, en una reunión calificada por el propio Trump de “productiva”.
Smith acusa al segundo empleado de supuestamente ayudar a Trump a eludir la acción de los funcionarios de Justicia que trataban de recuperar los documentos sacados de la Casa Blanca —información clasificada y sensible sobre cuestiones de seguridad nacional—, al intentar borrar, por orden del expresidente, las imágenes de las cámaras de seguridad de la mansión y mentir a los investigadores. El inicio del juicio por este caso está previsto para el 20 de mayo. Smith ha acusado a De Oliveira de conspiración para obstruir la justicia, declaraciones falsas y destrucción de documentos, según la acusación revisada que se desveló el jueves en un tribunal federal de Florida.
Trump se declaró inocente en Miami el mes pasado de los 37 cargos federales que hasta entonces pesaban contra él, por retener ilegalmente documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021 y por obstrucción a la justicia. Los fiscales le acusan de comprometer algunos de los secretos de seguridad nacional más sensibles por un manejo negligente de los archivos, que fueron hallados en medio centenar de cajas repartidas por distintas estancias de la mansión, incluido un cuarto de baño.
La campaña de Trump para la reelección en 2024 ha criticado duramente los nuevos cargos, calificándolos de “continuo intento desesperado y tambaleante de la Familia del Crimen Biden y su Departamento de Justicia de acosar al presidente Trump y a quienes le rodean”. Es el argumento favorito del republicano para desacreditar a los fiscales, de quienes dice que actúan por una motivación política, la de perjudicarlo y beneficiar a los demócratas. Trump ha calificado la acción de la justicia de “interferencia electoral al más alto nivel”.
Los fiscales aseguran que De Oliveira mintió durante una entrevista voluntaria con investigadores del FBI que registraron la casa, asegurando a los agentes que no participó en ningún traslado ni movimiento de pruebas y que no estaba al tanto de ningún esfuerzo de ese tipo. “Entonces, ¿no sabe dónde se habrían guardado los objetos en cuanto [Trump] se trasladó de nuevo a Mar-a-Lago?”, le preguntó un agente, según la agencia Bloomberg, que ha tenido acceso al sumario. “No”, respondió De Oliveira. Justicia sostiene que el trabajador “presenció personalmente y ayudó a mover las cajas [de documentos] de Trump” cuando llegaron al complejo en enero de 2021.
Trump y su asistente personal Nauta ya fueron acusados el mes pasado por retención intencionada de información de defensa nacional, ocultación de documentos, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas.
El republicano, que está en campaña para otro mandato en la Casa Blanca, es el primer expresidente que se enfrenta a acusaciones federales de conducta delictiva. Tanto la causa de los papeles de Mar-a-Lago, como el caso que motivó la primera imputación contra él —el presunto pago de dinero a una actriz porno para comprar su silencio—, y un tercero, que podría valerle la tercera acusación desde abril, el del intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, se instruyen por la vía penal.
