Tegucigalpa, Honduras. – Lo que comenzó la noche del lunes con 93 votos en el hemiciclo del Congreso Nacional tiene ahora el peso irrevocable de la ley escrita. En las últimas horas fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el decreto que formaliza la destitución del exfiscal General Johel Zelaya y oficializa el nombramiento de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular del Ministerio Público de Honduras, cerrando así el ciclo jurídico del primer juicio político consumado en la historia democrática del país.
La publicación en La Gaceta convierte en norma oficial un proceso que en apenas 72 horas transformó el paisaje institucional hondureño de manera sin precedentes. El recorrido fue vertiginoso: el Congreso Nacional admitió la denuncia de juicio político contra Zelaya, lo suspendió cautelarmente del cargo y nombró una Comisión Especial integrada por nueve diputados para conducir la investigación.
La comisión convocó al exfuncionario a comparecer ante el hemiciclo, donde Zelaya respondió durante más de cinco horas a las preguntas de los legisladores, acompañado además por siete testigos cuyos testimonios enriquecieron el expediente con revelaciones sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Fiscalía.
Con el dictamen de la comisión en mano —que recomendó la destitución definitiva— el pleno del Congreso Nacional citó a Zelaya para una última comparecencia ante la totalidad de los diputados. El exfuncionario, convencido de que la decisión ya estaba tomada, optó por no presentarse, renunciando así a su última oportunidad de defensa ante el pleno legislativo.
La ausencia no detuvo el proceso: los diputados procedieron a votar y con 93 votos aprobaron su destitución, nombrando de inmediato a Pablo Emilio Reyes Theodore como su sucesor.
La publicación del decreto en La Gaceta este sábado da el espaldarazo legal definitivo a todo ese proceso, garantizando que la destitución de Zelaya y el nombramiento de Reyes tengan plena validez jurídica ante cualquier instancia nacional o internacional, y cerrando formalmente un capítulo que Honduras tardó más de una década en atreverse a escribir desde que la figura del juicio político fue ratificada constitucionalmente en 2013.
