Tegucigalpa – La socióloga Julieta Castellanos ofrece una perspectiva crítica sobre la reciente propuesta presentada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), sugiriendo que esta iniciativa podría ser percibida como un intento por parte de Libre de mantener viva la idea de su compromiso con la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) ante la ciudadanía.
La propuesta de Ley Especial de CICIH, presentada por la diputada Xiomara Zelaya, también conocida como «La Pichu», sugiere que la comisión estaría bajo control o supervisión de la Fiscalía General.
Sin embargo, para Castellanos, Libre tiene una gran deuda pendiente con el pueblo hondureño, especialmente en lo que respecta a la instalación de la CICIH, y sugiere que la familia presidencial está anticipando que este será el principal punto de crítica por parte de la oposición y sus partidarios.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) señala que, hace 16 meses, cuando la diputada Zelaya y su familia anunciaron la firma de un memorando de entendimiento con las Naciones Unidas, no existía ningún acuerdo real y que los mensajes eran utilizados como presión hacia la ONU.
Sin embargo, Castellanos duda de la viabilidad de un nuevo memorando de entendimiento, dado que la última extensión vence en julio y no se han logrado avances significativos para garantizar las condiciones necesarias para el trabajo efectivo de la ONU en el país.
En su opinión, aceptar las condiciones planteadas por Libre podría implicar que la ONU caiga en el juego político de Libre.
La analista también critica la propuesta oficialista, describiéndola como un enredo de palabras que, en esencia, no representa un cambio significativo en las condiciones planteadas. Destaca que el proyecto contiene dos condiciones que la ONU había rechazado previamente: financiamiento nacional y supervisión del Fiscal General como garante de querellante autónomo.
Según Castellanos, estas condiciones son problemáticas, ya que implican una falta de independencia y autonomía para la CICIH.
Argumenta que el control del financiamiento por parte del Estado podría influir en la independencia de la comisión, mientras que la supervisión del Fiscal General contradice la idea de un querellante autónomo.
En última instancia, Castellanos sostiene que esta propuesta demuestra un irrespeto hacia el conocimiento y la comprensión del público, ya que implica la utilización de términos y condiciones que no son adecuadas para garantizar la verdadera independencia y eficacia de la CICIH.
