Tegucigalpa – La Junta Proponente para la selección de los candidatos a Fiscal General y Adjunto para el periodo 2023-2030 está avanzando en su conformación, con la reciente confirmación de dos representantes clave.
En primer lugar, el abogado Odir Fernández ha sido designado como representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aportando su experiencia y conocimientos en el ámbito jurídico.
Por otro lado, las universidades privadas han acreditado al economista Julio Raudales, quien actualmente se desempeña como rector de la Universidad José Cecilio del Valle.
En este momento, la Junta Proponente está compuesta por destacadas personalidades, incluyendo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, el magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, y los representantes mencionados anteriormente de la UNAH, las universidades privadas y el Colegio de Abogados de Honduras.
El plazo para acreditar a los representantes de los sectores ante la CSJ era hasta el 22 de mayo, pero se ha otorgado una prórroga para que las organizaciones de la sociedad civil puedan acreditar a su representante hasta el próximo 26 de mayo.
Las acreditaciones de cada participante deben ser enviadas antes de la medianoche a la Secretaría General del Poder Judicial.
Se tiene previsto que el 26 de mayo se lleve a cabo una asamblea en uno de los salones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde las organizaciones de la sociedad civil elegirán a su representante con el acompañamiento de las secretarías de Gobernación y Justicia, y Transparencia y Anticorrupción.
El proceso de elección del nuevo Fiscal General y Adjunto contempla cinco etapas, de acuerdo con la ley.
La primera etapa es la convocatoria e integración de la Junta Proponente, seguida de la elaboración de documentos y la convocatoria a los participantes. Luego viene la etapa de inscripción de los aspirantes, seguida por la revisión de los postulantes y la evaluación de los mismos.
Finalmente, se realizará una selección de los cinco mejores perfiles, basada en los resultados obtenidos durante el proceso.
Este proceso de selección tiene como objetivo garantizar la transparencia y la idoneidad de los futuros fiscales generales y adjuntos, quienes desempeñarán un papel fundamental en la justicia y el combate a la corrupción en Honduras.
La sociedad hondureña espera que este proceso sea llevado a cabo de manera justa y que los seleccionados cuenten con las cualidades necesarias para desempeñar eficientemente sus funciones en beneficio del país y sus ciudadanos.
