Tegucigalpa – Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, enfatizó la importancia crucial de la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en Honduras debido a la significativa responsabilidad que el Ministerio Público tiene en el país. Subrayó que la omisión de estas designaciones podría llevar al Estado hondureño a incurrir en responsabilidad internacional.
La Comisionada destacó que la oportunidad de llevar a cabo estas designaciones implica la responsabilidad estatal de iniciar investigaciones de inmediato para evitar la pérdida de pruebas. Resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la falta de prontitud en el inicio de las investigaciones obstaculiza la adecuada preservación y recolección de pruebas, así como la identificación de testigos presenciales.
Además, enfatizó que la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto adquiere una trascendencia crucial, y llamó a los diputados del Congreso Nacional a actuar con integridad y en consonancia con los principios democráticos y de derechos humanos.
Izaguirre subrayó que la elección de estos cargos tiene el potencial de fortalecer el Estado de derecho a través de la lucha contra la corrupción y la reducción de la impunidad en Honduras, lo que garantizaría la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
El CONADEH emitió un comunicado recalcando la importancia de que el proceso de elección se desarrolle bajo principios de igualdad, no discriminación, formación, mérito y transparencia. Estos principios fueron respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Honduras en abril de 2023.
El ente estatal enfatizó la necesidad de que la votación de los miembros del Congreso Nacional sea pública y basada en principios democráticos, además de garantizar la paridad de género. La Comisionada del CONADEH exhortó al Congreso Nacional a cumplir con los estándares mínimos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que aseguraría la independencia y autonomía del Ministerio Público en la lucha contra la impunidad y el acceso a la justicia. Estos factores son esenciales para la protección de los derechos humanos en Honduras.
