Tegucigalpa – La Comisión Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) anunció hoy su determinación de tomar acciones con respecto al reclamo ilegal de un bien en posesión del Estado, presentado por Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Esta situación ha generado una denuncia por violación de los deberes de los funcionarios por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el exdirector de la OABI, Jorge Gonzales Salinas, quien presuntamente omitió tomar medidas con respecto a la acción emprendida por el exfuncionario de la administración de Manuel Zelaya.
Rigoberto Portillo, miembro de la Comisión Interventora de la OABI, afirmó en declaraciones a tunota.com que están preparando un informe detallado para presentarlo a la presidenta Xiomara Castro y que “habrá acciones”, aunque no proporcionó más detalles en este momento.
Además, señaló que han identificado otros casos de entrega de bienes sin resolución judicial y han encontrado diversas irregularidades, aunque no confirmó si la desocupación de la propiedad reclamada por Marcelo Chimirri está entre las acciones planificadas.
Portillo destacó la venta ilegal de bienes y la falta de entrega de documentación como aspectos que se están revisando y sobre los cuales se tomarán decisiones.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Comisión Interventora para asegurar un manejo adecuado de los bienes incautados y evitar cualquier tipo de irregularidades.
En el caso específico de Marcelo Chimirri, el CNA informó que el exfuncionario ingresó a una lujosa residencia en Valle de Ángeles, Francisco Morazán, que fue incautada el 6 de abril de 2013 y declarada como comiso en 2016.
Acompañado por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ingresó a través de una ventana y exigió al personal de seguridad que abandonara la propiedad.
Sin embargo, Chimirri carecía de una resolución judicial emitida por el Juzgado de Privación de Dominio y de una orden de la OABI que le permitiera reclamar el bien de manera forzada.
La acción realizada por Chimirri supuestamente contó con la aprobación del exdirector de la OABI, según las investigaciones del CNA. Sin embargo, el juzgado ya había decretado el comiso total de la propiedad desde 2016, por lo que resulta desconcertante cómo pudo recuperarla sin una base legal válida.
La OABI tenía la obligación de ejecutar lo establecido en la sentencia, es decir, formalizar la transferencia del bien al Estado.
La responsabilidad de la falta de cumplimiento recae en la OABI y no en el Juzgado de Privación de Dominio. Es importante destacar que la propiedad se encuentra bajo comiso total y pertenece al Estado hondureño desde la fecha mencionada anteriormente.
En 2015, se asignó a la Cruz Roja en calidad de comodato, pero el contrato estipulaba que la Cruz Roja podía reclamar el bien.
