El presidente del la Organización de Estados Americanos aseguró que las investigaciones de los fiscales “carecen absolutamente de objetividad de legalidad y de legitimidad”.
Por Infobae
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una tercera resolución sobre la crisis en Guatemala que profundiza el uso de la Carta Democrática Interamericana en el país para buscar presionar al país centroamericano de que frene lo que calificó como “acciones contra el estado de derecho que arriesgan la transición democrática”.
El canciller de Guatemala, Mario Búcaro, envió un video en el que rechazó la resolución que discutieron los países y solicitó que el tema fuese puesto a votación. El texto fue aprobado por 29 votos a favor y solo tuvo en contra, el de Guatemala, y una abstención (la de El Salvador).
El texto fue presentado por el gobierno de Estados Unidos, que a través de su embajador, Frank Mora, señaló que lo que está sucediendo en Guatemala es “alarmante” porque pone en riesgo la democracia.
“Los actos más recientes de una larga lista de medidas tomadas por el Ministerio Público de Guatemala son la emisión de órdenes de arresto y el intento de quitarle la humanidad inmunidad al presidente electo. El esfuerzo absurdo de anular los resultados electorales ya certificados son un intento de socavar el Estado derecho y revertir la voluntad del pueblo guatemalteco. Esto es inaceptable”, dijo Mora.
La OEA ya venía aplicando algunos artículos de la Carta Democrática al establecer dos misiones. Una para dar seguimiento a la transición presidencial y otra de mediación. De cualquiera manera, es la primera vez que la OEA hace explícito que está aplicando parte de la carta en el país.
El texto aprobado por la OEA invoca el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana para solicitarle a Guatemala que permita una visita del presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, y del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para realizar una “visita de buenos oficios”.
Búcaro, que si bien reconoció que Guatemala participó en las negociaciones de esta declaración, dijo que su país no la acompañaría bajo el entendido de que no era necesario invocar el artículo 18 de la carta, dado que su gobierno, de forma voluntaria ya informó que invitaba al presidente del Consejo Permanente a visitar el país.
El artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana señala que “cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación”.
El artículo también señala que luego el secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, que luego “podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
La resolución también pide al presidente del Consejo Permanente “que inicie amplias consultas para determinar la necesidad de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos”.
El texto también condena “enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”. Señala que “tales acciones son inconsistentes con lo dispuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.
La OEA también señala “su seria preocupación por la continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala” y “hace un llamamiento a todas las instituciones del Estado de Guatemala para que cesen toda acción intimidatoria, respeten la integridad del material electoral y defiendan los principios democráticos”.
La respuesta de Guatemala
A través del video enviado por su canciller, Guatemala respondió que el presidente Alejandro Giammattei sigue comprometido con entregar el poder a Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero. Búcaro cuestionó tener que participar por novena vez ante la OEA por este tema.
“Guatemala hace un llamado a la prudencia para evitar que se tomen decisiones apresuradas asumiendo que existe un requerimientos de los de constitucional que no existe estas afirmaciones en lugar de llamar a la unidad, polarizan también a la población guatemalteca y sin duda alguna violan a los principios que hoy tenemos de respeto a nuestra soberanía”, dijo Búcaro.
“Guatemala participó en las negociación de esta resolución. No obstante, no puede acompañar porque invoca el artículo 18 la Carta Democrática Interamericana cuando de manera voluntaria Guatemala ha invitado a usted señor presidente y al secretario general a visitar mi país y constatar de manera congruente lo que hoy está sucediendo en el país”, dijo el Canciller.
Según Búcaro, el gobierno entiende que “el artículo 18 citado dentro del presente el proyecto de resolución es improcedente”.
Las distintas escalas de la Carta Democrática Interamericana
La Carta Democrática Interamericana tiene distintos escalones de acción por parte de los países de la OEA ante un quiebre institucional o el riesgo de que eso suceda. El que se aplicará ahora luego de esta resolución implica una “visita de buenos oficios”.
Tal como establece el artículo 18, este se aplica cuando hay situaciones que “pudieran” provocar un quiebre institucional, en condicional.
Pero la carta también tiene otros mecanismos establecidos si ese quiebre efectivamente se produce. Allí entran en vigor otros artículos como los artículos 20 o 21, que permiten convocar a una Asamblea General de la OEA que puede suspender a un país de la organización.
Luego que se aprobara la resolución, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que desde su rol apoya totalmente lo aprobado por los países y aseguró que lo que hay en Guatemala hoy es “un golpe de Estado en suspenso” o “en grado de tentativa”, a cargo del Ministerio Público.
Almagro también manifestó cómo cada vez que el presidente Giammattei asegura, como hizo en la misma sesión su canciller Búcaro, que el gobierno entregará el poder el próximo 14 de enero a Arévalo, “el Ministerio Público hace algo que intenta deslegitimar o dejar sin efecto toda la transición política”.
Dijo que las supuestas investigaciones de los fiscales “carecen absolutamente de objetividad de legalidad y de legitimidad”. Almagro aseguró que, a diferencia de lo que señaló el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, que es a quien le corresponde fiscalizar las elecciones, reafirmó nuevamente que “los resultados están validados, están oficializados y son inalterables” y agregó que si el 14 de enero no se le traspasa el poder a Arévalo, lo que hay es un “rompimiento del orden constitucional”.
Por último el presidente del Consejo Permanente, el embajador de Antigua y Barbuda, señaló que “ninguno de los países está contento por haber tenido que aprobar otra resolución” sobre Guatemala, pero agregó que es lo necesario para ayudar a “preservar la democracia, el estado de derecho y la voluntad del pueblo como se expresó en las urnas”.
“Los votos fueron 29. Esto es un mensaje claro para todas las partes en Guatemala sobre las expectativas de este consejo de hacer lo correcto”, agregó Sanders.
