Tegucigalpa. – El grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) solicitó este miércoles al gobierno de Honduras crear una agencia de búsqueda especializada para responder a las familias ante la ausencia de políticas públicas para atender el tema.
“Estamos sugiriendo la creación de agencia especializada de búsqueda para salir de esta parálisis en la que esta temática», subrayó el Grupo de Trabajo, integrado por Aua Baldé, Grazyna Baranowska y Luciano Hazan, en rueda de prensa.
La agencia debe tener un «carácter interdisciplinario» y contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para «dar respuestas» a los familiares de las personas desaparecidas, señaló Hazan.
Tras concluir una visita a Honduras, el grupo de expertos señaló en el informe preliminar que la agencia también debe tener la capacidad de coordinarse con otras entidades similares en otros países, como El Salvador y México.
En el contexto de la movilidad humana, continuó, “La coordinación tiene que ver con la necesidad de dar respuestas a los migrantes y personas que desaparecen en el contexto de la movilidad humana”.
Destacó el daño que genera el paso del tiempo en los familiares de los desaparecidos, algo que requiere esfuerzos inmediatos para no seguir demorando las respuestas.
La voluntad política de Honduras para abordar las desapariciones forzadas debe transformarse en «acciones concretas» y el país debe redoblar esfuerzos para garantizar los derechos de las víctimas de desapariciones en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria, señala. Baldé leyó el documento.
Si bien reconocen las carencias y desafíos existentes en materia de derechos humanos en Honduras, los expertos señalan la desconfianza de las víctimas en un contexto de impunidad sistémica y prolongada por las violaciones a sus derechos.
El Grupo expresó su preocupación por “la impunidad casi total en los casos de desapariciones forzadas de las décadas de los 80 y los 90 cometidas en el contexto de la doctrina de seguridad nacional como por casos actuales”.
Instó al gobierno de Honduras a establecer unidades para investigar, enjuiciar y enjuiciar la desaparición forzada como un delito independiente distinto de los crímenes de lesa humanidad.
“Responsabilizar a los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas no sólo es esencial para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que también es clave para garantizar la no repetición de este crimen atroz”, critica el informe.
Enfatiza que Honduras también necesita investigar todos los reportes de personas desaparecidas y establecer una base de datos con la información genética de todas las personas que han sido desaparecidas forzadamente.
Durante su visita de 10 días al país, el Grupo de Trabajo se reunió con familiares de personas desaparecidas víctimas del crimen organizado, conflictos territoriales o migración irregular.
Los expertos hicieron esta afirmación tras recordar el ilustrativo desaparición de cuatro miembros de la comunidad Triunfo de la Cruz Garfuna en 2020 y cómo “vieron su angustia y sufrimiento por la falta de respuesta o investigación por parte de las autoridades estatales”.
Los peritos estuvieron un tiempo en las localidades hondureñas de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Tela, en el centro, norte y el Caribe del país, donde los familiares de las víctimas expresaron su frustración por la «escasa atención y respuesta» de las autoridades, que les obliga a realizar sus propias búsquedas.
Hicieron hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva e independiente de todos los aspectos de estos delitos, incluida cualquier posible participación de servidores públicos.
Según el informe del Grupo de Trabajo, la desaparición de migrantes es un tema generalizado que tiene un impacto significativo en Honduras y la región centroamericana. El Grupo de Trabajo instó al Estado a intensificar su cooperación con otras naciones para asegurar que los familiares de las víctimas estén informados sobre la búsqueda de sus seres queridos.
El próximo mes de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos escuchará las observaciones finales de los expertos.
