Tegucigalpa. – El miércoles, la administración de la presidenta Xiomara Castro fue contactada por la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, solicitando que se abra un diálogo sobre el proyecto de nueva Ley de Justicia Fiscal.
Shackelford escribió en su cuenta de Twitter: “Llamamos al diálogo constructivo sobre la reforma tributaria considerando que la Agenda 2030 incentiva a los países a incrementar su base tributaria y usarla con eficiencia y eficacia”.
Una reforma tributaria “progresiva es crítica para erradicar pobreza y desigualdad” en Honduras, apuntó, dijo.
Recuerde que el gobierno de Honduras comenzó a socializar el proyecto de Ley de Justicia Fiscal con el sector privado. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la distribución de la carga tributaria, entre otras cosas, eliminando las exenciones otorgadas hasta por 40 años, eliminando el secreto bancario y condonando las deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal.
Sin embargo, la idea de una reforma tributaria no fue bien recibida por los empresarios, lo que los mantiene en desacuerdo con el gobierno.
La empresa privada, en cambio, destacó los peligros que el gobierno “empuja” a través de reformas o una nueva Ley de Justicia Fiscal, “disfrazados” con el mensaje de reducir los abusos en los regímenes de exención tributaria, no más impuestos y transparencia fiscal.
El impacto de la reforma en la economía hondureña “será devastador”, advirtió el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín.
Destacó que el gobierno negociaba su complicidad en apoyar los abusos de la minoría a la que se negó categóricamente a aplicarles el rótulo de “empresarios” “Detrás de esta pantomima populista lo que hay es la aceptación del gobierno de que es incapaz de hacer cumplir sus propias leyes”, dijo.
