Tegucigalpa – La crisis institucional en Honduras, marcada por la falta de respeto a las leyes y el conflicto en la Sala de lo Constitucional, ha suscitado preocupación entre expertos y representantes políticos.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo advierte que el país se enfrenta a una situación difícil, especialmente con la paralización de la Sala de lo Constitucional, que debería actuar como contrapeso al Poder Ejecutivo y Legislativo.
El desencadenante de este conflicto se remonta al 16 de febrero, cuando la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no respetó el orden de precedencia y designó al magistrado liberal Wagner Vallecillo en lugar del nacionalista Luis Padilla, generando una crisis de legitimidad en el Poder Judicial.
Erazo subraya que este tipo de acciones socavan el principio de separación de poderes y la independencia judicial, lo que pone en riesgo los derechos constitucionales de la población hondureña.
Ante esta situación, Erazo considera que la solicitud de los ocho magistrados de reanudar el pleno de la Sala Constitucional es un acto patriótico, ya que busca restablecer el funcionamiento adecuado de una institución clave para la defensa de la constitucionalidad en el país.
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, también denuncia la convulsión en los tres poderes del Estado debido al irrespeto a la ley y al abuso de poder por parte de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel. Mejía critica el atropello y la obstrucción a la justicia que resulta de mantener paralizado este importante poder del Estado.
A pesar de los intentos por resolver la crisis, como el nombramiento de Vallecillo como coordinador de la Sala Constitucional, la incertidumbre persiste debido a la falta de aceptación de este cargo.
En este contexto, Honduras se enfrenta a una situación de inestabilidad institucional que pone en entredicho el Estado de derecho y la vigencia de la democracia en el país.
