Tegucigalpa – Han transcurrido 41 días desde que debió llevarse a cabo la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en el Congreso Nacional de Honduras, y la parálisis legislativa mantiene en pausa no solo esta elección, sino también la aprobación y reforma de numerosas leyes en beneficio de la población hondureña.
La falta de consenso entre las fuerzas políticas y el aumento de la brecha ideológica han sido responsables de esta parálisis que ha dejado al pueblo sin representación activa en el Congreso.
Sin embargo, recientemente ha habido señales de progreso. El diputado Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional y miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha anunciado que existe un ambiente positivo para la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto en los próximos días.
Después de conversaciones telefónicas con los jefes de bancada de varios partidos, Tomé afirmó que se vislumbra la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
La elección de las autoridades del Ministerio Público debió haberse realizado a principios de septiembre, pero la falta de acuerdo entre los partidos políticos obstaculizó este proceso. Sin embargo, parece que ha habido avances y que los líderes de las bancadas están dispuestos a encontrar consensos para llevar a cabo la elección.
Uno de los factores que ha impulsado este progreso es la presión ejercida por diversos sectores para que los diputados sean más productivos y superen la parálisis legislativa.
Se ha propuesto la eliminación del fuero legislativo, una inmunidad que los diputados no deberían poseer según algunos legisladores. Esta medida podría alentar a los diputados a actuar en beneficio de la población hondureña y votar de manera más responsable.
El problema central en esta situación es que tanto el oficialismo como la oposición buscan un Fiscal General a su medida, lo que obstaculiza el proceso de elección. Un Fiscal General influenciado por intereses partidistas solo perjudicaría a Honduras y le daría un control desmedido al partido que lo apoye.
En lugar de actuar en interés del país, se centraría en proteger a un grupo político y evitaría investigar casos de corrupción y a personas señaladas por estos delitos. La elección de un Fiscal General imparcial y competente es crucial para garantizar la justicia y el respeto a la ley en Honduras.
