Por: Alfredo Joignant | El PaísEn la última encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, probablemente la mejor encuesta de Chile, los resultados sobre la confianza en instituciones públicas y políticas son sorprendentes por su magnitud, y a decir verdad son de terror. Quiero detenerme tan solo en un ejemplo: el 1% de los encuestados confía en los partidos políticos chilenos, y ese mismo escuálido 1% de los entrevistados confía en el Congreso. Si la muestra de entrevistados fue de 1.575 personas, eso significa que de 1.575 entrevistados tan solo 15 declaraban confianza en los partidos y el Congreso. Qué duda cabe: entre el 1% y el 0% no hay mucho margen de error estadístico, lo que significa que, sin duda, la confianza en partidos y en el Congreso bien podría ser cero. La política establecida está en el suelo.
Pues bien, esa política establecida se comporta como si los datos de encuesta no importasen.
La imaginación es impresionante, la ignorancia también, y es proporcional a la magnitud de la desconfianza que los diputados y senadores generan en el electorado masivo.
El contraste es brutal entre estos datos de desconfianza radical y el tipo de comportamiento libre de ataduras y restricciones por parte de diputados y senadores. Es impresionante la libertad que los parlamentarios se toman para opinar sobre todo tipo de cosas, buscando a ciegas conectar con el votante medio y el sentido común: al tenor de los datos, sin ningún éxito. Una prueba de esta liberalidad legislativa se observa en la discusión de una de las leyes en materia de seguridad: la discusión sobre las reglas del uso de la fuerza (RUF) por las Fuerzas Armadas y de Orden en su función de asegurar un cierto estado de paz armada ha dado pie para todo tipo de inventos, desde que hay que considerar el género y la edad de los reprimidos hasta pasar bala sin contemplación, con la protección de la legislación. Dos posturas que extreman el problema: en tal sentido, son extremistas.
Otra prueba, en un ámbito totalmente distinto, se refiere a la propuesta razonable del Servicio Electoral (Servel) de realizar las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024 en dos días, considerando que Chile entró en un régimen de votación obligatoria, lo que se ha traducido en un enorme aumento de la participación electoral (85% de los habilitados a votar lo están haciendo). Pues bien, ¿qué hacer cuando son cuatro votos los que convergen en un mismo día y en un mismo acto de votación? Definitivamente, no es lo mismo votar de modo obligatorio en un plebiscito con alternativas binarias (a favor o en contra, apruebo o rechazo) que en cuatro elecciones con decenas de candidatos en dos de ellas (concejales municipales y consejeros regionales): Servel midió el tiempo promedio de votación (el tiempo de espera sería enorme) en un ecosistema con capacidades limitadas para aumentar el número de locales de votación y el número de cámaras secretas en cada uno de ellos. Pues bien, en la discusión legislativa sobre la propuesta de Servel de votar en dos días, los legisladores han incursionado en una competencia imaginativa para resolver el dilema. Todos proponen, alegremente, doblar la cantidad de locales de votación (lo que es materialmente imposible, como si Servel no hubiese pensado en esta posibilidad), otros tantos se pronuncian por aumentar el número de cámaras secretas (como si el espacio físico disponible fuese infinito). Otros más se inclinan por aceptar la idea de una elección en dos días, pero colocando como segundo día la hipotética segunda vuelta de gobernadores (la que no necesariamente tendrá lugar si un candidato a gobernador se impuso en la primera vuelta). La imaginación es impresionante, la ignorancia también, y es proporcional a la magnitud de la desconfianza que los diputados y senadores generan en el electorado masivo. Entretanto, en la democracia más grande del mundo, la India con sus 900 millones de electores, se está votando durante seis semanas.
Lo anterior encuentra un correlato con ocasión de la tramitación de la ley corta de isapres: diputados y senadores, como si gozaran de absoluta libertad, se enfrascan en disputas de nicho y en performances al filo de los plazos fatales. El resultado es que a horas de la posibilidad de que el sistema colapse, diputados y senadores estén votando. Una verdadera irresponsabilidad.
Todo lo anterior no solo es el cruel reflejo del estado de la política de partidos y de la política parlamentaria. Es también el reflejo de una forma de hacer política que se autonomiza de la realidad, al punto de negarla.
Es tal la creencia de que los parlamentarios encarnan los intereses de los chilenos, es tal la ilusión parlamentaria de que el Congreso es el espejo de la sociedad chilena, que la conducta de los indígenas del campo (senadores y diputados) termina siendo una forma de cinismo inconsciente.
No es muy difícil saber en dónde se encuentra radicada la principal amenaza a la democracia representativa. La fuente de la amenaza no reside en un candidato populista abstracto, o en un teórico partido populista rompe-paradigma, sino en los propios senadores y diputados concretos: su conducta colectiva es de veras irresponsable, en los plazos pero sobre todo en los contenidos que acompañan sus indicaciones y votaciones.
La política chilena está en el suelo.
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