La nueva ruta migratoria utiliza la isla de San Andrés como paso “VIP” para migrantes.
Por El Tiempo
La nueva medida que aplican algunos migrantes en su paso hacia Estados Unidos para evitar la selva del Darién implica riesgos al utilizar el archipiélago de San Andrés como una ruta alterna, de acuerdo con reportes de las autoridades colombianas. La Procuraduría General de la Nación tiene identificado que redes ilegales de tráfico de personas aprovechan el archipiélago como punto de partida para migrantes hacia Estados Unidos.
En medio de la creciente crisis migratoria en San Andrés y otras fronteras del país, las redes ilegales están ofreciendo el archipiélago como una ruta exclusiva para migrantes de 12 países, incluyendo Bangladesh, Uzbequistán, Vietnam, Nepal, Perú, y China, entre otros, con destino a Centroamérica y, finalmente, a los Estados Unidos.
Esta nueva ruta implica el uso de San Andrés como un punto estratégico para evitar la selva del Darién, una región inhóspita y peligrosa que tradicionalmente ha sido una de las rutas utilizadas por los migrantes para llegar a Centroamérica desde Sudamérica. La elección de la ruta a través de la isla de San Andrés para evitar la selva del Darién no está exenta de riesgos significativos.
El trayecto de migrantes que pasa por la isla de San Andrés, con el objetivo de evitar la peligrosa travesía por la selva del Darién, presenta diversos riesgos y desafíos para quienes emprenden este camino. Algunos de los principales riesgos asociados con esta ruta incluyen:
- Condiciones marítimas peligrosas: la travesía por el océano conlleva riesgos inherentes, como tormentas, fuertes corrientes y condiciones climáticas adversas. Las embarcaciones utilizadas para el cruce pueden no estar adecuadamente equipadas para hacer frente a estas condiciones, aumentando el peligro para los migrantes.
- Exposición a delitos transnacionales: al optar por esta ruta, los migrantes pueden quedar expuestos a actividades ilegales y redes de tráfico de personas. La isla de San Andrés, al igual que otras zonas de tránsito, podría ser utilizada por grupos criminales para actividades ilícitas como contrabando y tráfico de drogas.
- Escasez de recursos: la isla de San Andrés puede no contar con los recursos suficientes para atender adecuadamente a un gran número de migrantes. La limitada capacidad de las autoridades locales y las organizaciones humanitarias para proporcionar servicios básicos, como alojamiento, alimentos y atención médica, podría generar condiciones precarias para los migrantes.
- Riesgos para la seguridad personal: la presencia de grupos armados ilegales en la región, como se mencionó en informes previos, podría representar una amenaza directa para la seguridad de los migrantes. La competencia por recursos escasos y la influencia de organizaciones criminales pueden exponer a los migrantes a situaciones peligrosas.
- Impacto ambiental: el aumento del flujo de migrantes puede tener un impacto negativo en el entorno natural de la isla de San Andrés. La concentración de personas, la generación de desechos y otras actividades asociadas a la migración pueden contribuir a la degradación ambiental y afectar los ecosistemas locales.
- Violaciones de derechos humanos: la travesía por esta nueva ruta podría exponer a los migrantes a violaciones de derechos humanos, como la explotación laboral, la trata de personas y otras formas de abuso. La falta de protecciones adecuadas y de mecanismos de supervisión podría dejar a los migrantes vulnerables a situaciones precarias.
Entre los operadores de esta nueva ruta hay empresas legalmente constituidas en el sector turístico que están ofreciendo “paquetes turísticos” dirigidos específicamente a la población migrante, cubriendo la ruta entre San Andrés y Centroamérica, con costos que oscilan entre US$1.500 y US$5.000 por migrante. Tras el pago, las redes ilegales trasladan a los migrantes por una de las cinco rutas hasta Nicaragua, sin garantías ni condiciones mínimas de seguridad.
La falta de seguridad en estas travesías ha llevado a situaciones preocupantes, evidenciadas por el rescate de al menos 977 migrantes irregulares en altamar entre 2022 y 2023 y la desaparición de 59 personas, incluyendo niños, niñas y mujeres gestantes, entre agosto y diciembre de 2022. La alta probabilidad de naufragios debido a las precarias condiciones de las embarcaciones utilizadas.
Altos riesgos en la travesía marina de la “Ruta VIP”
La “Ruta VIP” implica la exposición de hasta 15 horas en alta mar para evitar la detección por las autoridades y el riesgo de encuentros con “embarcaciones piratas” que despojan a los migrantes de sus pertenencias, de acuerdo con la Procuraduría colombiana. La situación se agrava con la obligación de algunos migrantes de transportar cargamentos de cocaína o satisfacer demandas sexuales de traficantes para garantizar su paso hacia Panamá.
En el Tapón del Darién, migrantes de diversas nacionalidades intentan atravesar hacia Panamá, exponiéndose a delitos y quedando a merced del Clan del Golfo. La región de Urabá (Necoclí – Turbo) ha visto la salida de 370.613 personas en 2023, mientras que entre 2018 y 2023, se ha registrado un total de 258 personas entre muertos y desaparecidos en el Tapón del Darién.
La Procuradora hizo un llamado a la unidad interinstitucional para adoptar medidas urgentes de atención. La situación no solo afecta a San Andrés, sino que se extiende a diferentes regiones del país, incluyendo Norte de Santander, donde 1.900 caminantes se han expuesto a diversas violencias y riesgos.
