Tegucigalpa, Honduras. – El corazón logístico de las elecciones generales de Honduras ha dejado de latir. A solo 16 días de la cita en las urnas, el país se enfrenta a una realidad tan insólita como peligrosa: no hay camiones para transportar las maletas electorales.
– Los transportistas, por su parte, ponen condiciones no negociables, mientras la sombra de una intervención militar planea sobre el proceso más crítico para la democracia hondureña.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha sumido en una crisis contrarreloj, lanzando este viernes su tercer intento, casi a la desesperada, para contratar un servicio que es la columna vertebral de todo el proceso.
La historia de este fracaso es una crónica de tropiezos y desconfianza. El primer intento, el 13 de octubre, atrajo a una sola empresa, Unión Latin Cargo S.A., que terminó retirándose del proceso.
El segundo, una contratación expedita lanzada el 8 de noviembre, recibió la oferta de LASO Mejía por casi 87 millones de lempiras, solo para ser descartada dos días después por no cumplir con los requisitos. «No hay buenas noticias», admitió con desazón la consejera Cossette López, revelando la magnitud del problema: «Tenemos siete días para solucionar esta situación».
Ahora, el CNE juega su última carta: una nueva convocatoria abierta, con recepción de ofertas para la noche de este mismo viernes. Pero el problema va más allá de los plazos. Los transportistas, escaldados por experiencias pasadas, han puesto dos condiciones «no negociables» sobre la mesa.
Pablo Lagos Ruiz, presidente de la Asociación del Transporte Unitario, lo dejó claro: exigen el pago del 50% del contrato por adelantado para cubrir combustible y salarios, y se niegan a asumir la responsabilidad de la carga y descarga del material, una tarea que, insisten, corresponde a las Fuerzas Armadas. «Estamos listos para volver a presentar la oferta», afirmó Ruiz, pero advirtió que su paciencia tiene un límite: el sábado 15 de noviembre.
La crisis ha desnudado las profundas fisuras dentro del propio CNE. Se filtró un audio de la última reunión del pleno en el que el consejero oficialista, Marlon Ochoa, insiste en la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la logística, argumentando que es una «obligación constitucional» y que el problema del transporte es «compartido».
Esta sugerencia, sin embargo, eriza la piel de otros sectores. Fernando García, presidente de la ANDI, fue tajante: «Las FF. AA. ya demostraron un fracaso, que no pueden, que quieren tener información que no les compete y sería un peligro».
En medio del caos, incluso el sector privado intentó mediar. El Cohep ofreció hacerse cargo del adelanto exigido por los transportistas, una propuesta que, según su director ejecutivo, Armando Urtecho, fue recibida con un silencio sepulcral por parte del CNE. «A veces el silencio también es una forma de hablar y nosotros creemos que desestimaron la propuesta», lamentó.
Para expertos como Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, la raíz del problema es una sola palabra: confianza. La intervención del Ministerio Público en los órganos electorales y la polarización política han creado un ambiente tóxico donde nadie quiere arriesgarse.
Mientras el CNE se ahoga en su propia burocracia y los transportistas esperan con el motor encendido, el calendario electoral no se detiene. Las primeras maletas deben salir de Tegucigalpa el 20 de noviembre. La pregunta que resuena en todo el país es si, para entonces, habrá alguien que las conduzca a su destino.
