Tegucigalpa – El representante de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico Honduras Próspera, José Luis Moncada, sostuvo que existen pruebas jurídicas para que las Zede continúen operando.
“Uno es el artículo 45 de la ley que estable que, a pesar de la derogación en el Congreso Nacional, las inversiones en las Zede tienen 10 años para seguir operando. El segundo es el acuerdo Cafta- República Dominicana, que establece que los derechos que un inversor tiene en caso que su inversión sea cuestionada por parte del Estado y tercero, un acuerdo de estabilidad jurídica y protección a la inversión que Honduras Próspera firmó con el gobierno y que tiene un alcance de 50 años”, argumentó Moncada.
Agregó que con esos argumentos pretenden dialogar con autoridades de gobierno, para definir un escenario para que las Zede puedan continuar en un marco jurídico.
Por otra parte, afirmó que a partir del decreto que aprobó el Congreso Nacional, que definió que la creación de las Zede, fue un análisis muy por superficial que no lo constituye la misma ley.
“Próspera envió cartas a la presidenta de la República el pasado 26 de abril y el 13 de mayo, haciéndole ver los derechos que Próspera adquirió cuando ingreso al país”, destacó.
Moncada enfatizó que, aunque las Zede estén derogadas, es una reforma constitucional que necesita en otra legislatura para que se ratifique el decreto, ya que existen acuerdos para este siga operando.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó los proyectos que derogan la reforma Constitucional que le dio vida a las Zede, asimismo, la Ley Orgánica que regía su funcionamiento. Esto luego de su derogación en el Congreso Nacional.
La mandataria ejecutó esas acciones en cumpliendo con el Plan Bicentenario, logrando con la sanción una promesa más cumplida, informó el gobierno.
Las Zede se aprobaron en 2013 durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) y fueron promovidas por su sucesor Juan Orlando Hernández (2014-2022).
En su momento, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dictaminó que la Ley Zede era inconstitucional.
