Tegucigalpa, Honduras. – El Congreso Nacional buscará aprobar en su sesión del próximo lunes 2 de febrero la Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud, una iniciativa que genera tensiones entre el Poder Ejecutivo que busca velocidad para atender la crisis sanitaria heredada, y sectores gremiales y legislativos que demandan socialización, controles anticorrupción y advertencia sobre una potencial privatización disfrazada de emergencia temporal.
La ley representa uno de los decretos prioritarios del presidente Nasry Asfura, quien en una decisión sin precedentes asumió personalmente la titularidad de la Secretaría de Salud sin nombrar ministro tradicional, implementando un modelo de gestión multidisciplinario que busca superar la «excesiva burocracia» que, según la designada María Antonieta Mejía, caracteriza al sector y explicaría el abandono de cuatro años bajo la administración de Xiomara Castro.
Crisis estructural: déficit de 18,000 médicos evidencia colapso más allá de mora quirúrgica
El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, reveló que el país enfrenta un déficit estructural de recurso humano que ninguna ley de emergencia puede resolver a corto plazo: mientras un sistema básico debería tener contratados unos 23,000 médicos, actualmente solo hay alrededor de 4,900 trabajando en el sistema nacional de salud, apenas el 21% de lo necesario.
«El problema no es únicamente la mora quirúrgica; también hay falta de medicamentos, insumos, materiales y, sobre todo, de personal humano«, afirmó Santos, desmontando la narrativa gubernamental que centra la crisis en las 14 mil cirugías pendientes y los 41 quirófanos inoperantes de los 147 existentes.
El dirigente gremial explicó que aunque existen quirófanos disponibles, estos no funcionan por la falta de personal especializado. «En el Hospital Mario Catarino Rivas hay 14 quirófanos, pero no tenemos el personal suficiente para que funcionen de forma simultánea. No solo faltan cirujanos, también anestesiólogos, enfermeras y personal técnico», evidenciando que la solución no pasa exclusivamente por alianzas con hospitales privados sino por inversión en recurso humano público.
Santos agregó que mientras no se refuerce el recurso humano, la mora quirúrgica seguirá aumentando. «El problema no es de programación, es la falta de médicos que operen a los pacientes», sentenciando que las medidas de emergencia podrían ser insuficientes si no se acompañan de una estrategia de contratación masiva de profesionales de la salud.
Contenido y alcance: decreto de un año prorrogable genera preocupación sobre controles
El decreto establece una vigencia de un año, prorrogable según las estimaciones del Ejecutivo a través del Consejo de Secretarios de Estado, sin requerir nueva aprobación legislativa según la redacción original, generando preocupación en diputados liberales que consideran esto otorgaría «poder absoluto» al presidente sin fiscalización del Congreso.
Está compuesto por ocho artículos y contempla la posibilidad de celebrar convenios nacionales e internacionales para la prestación de servicios médicos, así como la compra de medicamentos e insumos, abriendo la puerta a que hospitales privados hondureños o extranjeros atiendan pacientes del sistema público mediante pago estatal, y que farmacias internacionales surtan medicamentos sin priorizar proveedores nacionales.
La Comisión Especial que lidera el diputado nacionalista Mario Alonso Pérez trabaja en la ley de emergencia para presentar el dictamen ante el pleno en la sesión ordinaria del lunes, junto con la elección del procurador y subprocurador, y la aprobación del decreto de amnistía, conformando una agenda legislativa cargada que preocupa a sectores que piden más tiempo para análisis.
Tensión legislativa: liberales exigen socialización y controles anticorrupción
El diputado liberal Carlos Umaña cuestionó la premura con la que se pretende aprobar la iniciativa y pidió mayor socialización con los sectores involucrados. «Este tipo de proyectos no se pueden hacer de la noche a la mañana, a mata caballos. Hay que socializarlos bien con el Colegio Médico«, expresó, logrando pausar el proceso para convocar al CMH y al Colegio de Químicos Farmacéuticos a audiencia programada para el lunes a las 14:00 horas.
El parlamentario señaló que existen preocupaciones sobre la posible privatización indirecta de servicios, la creación de fideicomisos y la firma de convenios internacionales. «Desde mi punto de vista personal, eso puede precarizar la mano de obra hondureña y hay que revisarlo bien, porque se habla de atención médica y compra de medicamentos», advirtió Umaña, evidenciando fisuras en el cogobierno PN-PL cuando se trata de políticas estructurales.
El diputado liberal Marco Tulio Rodríguez adelantó que su bancada propondrá modificaciones al dictamen para establecer mayores controles. «Lo quieren introducir y aprobar el lunes, pero creemos que no se va a poder hacer así. Hay sectores que deben ser escuchados«, afirmó, anticipando que la aprobación no será tan expedita como el gobierno espera.
Rodríguez planteó regular el traslado de pacientes al sector privado mediante comités quirúrgicos hospitalarios, evitando decisiones unilaterales. «No puede ser una sola persona la que decida. Debe ser un comité que autorice, para evitar conflictos de interés«, explicó, apuntando al riesgo de que médicos con intereses en clínicas privadas deriven pacientes para beneficio personal.
El legislador propuso controles adicionales en la prescripción de medicamentos, con dos firmas: la del médico y la de un comité. «La receta no debe llevar solo la firma del médico.
Debe haber una autorización adicional y un cuadro básico de medicamentos, con nombres específicos, para evitar el uso de fármacos más costosos sin justificación», buscando prevenir sobrefacturación que ha caracterizado compras públicas históricamente.
Rodríguez también expresó preocupación por los convenios internacionales y la renovación automática de la ley. «La prórroga debe pasar por el Congreso. No se le puede dar poder absoluto al presidente. Además, se debe priorizar a las farmacias hondureñas para que el dinero se quede en el país», sostuvo, defendiendo la industria nacional versus apertura indiscriminada a proveedores extranjeros.
Aunque reconoció que la iniciativa tiene aspectos positivos, advirtió sobre riesgos de corrupción debido a los hechos acontecidos en el país a lo largo de la historia. «La idea no es mala, pero es muy abierta y se puede prestar a irregularidades si no hay controles claros», concluyó Rodríguez, expresando la desconfianza histórica hacia manejo de recursos públicos en Honduras.
Debate de fondo: ¿alianzas estratégicas o privatización encubierta?
La doctora y exdiputada Ligia Ramos manifestó preocupación frontal por el posible traslado de cirugías al sector privado. «Se van a mandar cirugías a hospitales privados, y eso es exageradamente costoso para el Estado», expresó, cuestionando la eficiencia de una estrategia que podría costar al erario público múltiplos de lo que costaría fortalecer la red pública.
Ramos señaló que durante gobiernos anteriores, el sistema de salud ha sido históricamente descuidado. «El sistema es precario porque nunca ha sido prioridad y sabemos que es una minita de oro«, afirmó, sugiriendo que distintas administraciones han visto en la crisis sanitaria una oportunidad de negocios para allegados en lugar de resolver estructuralmente el problema.
La exlegisladora recordó que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se lograron avances mediante cirugías los fines de semana y la utilización de unidades ambulatorias. «En vez de invertir en hospitales privados, se debería invertir en habilitar quirófanos, contratar más cirujanos y fortalecer la red pública», señaló, proponiendo una vía alternativa que mantendría recursos dentro del sistema público.
Ramos advirtió que la iniciativa podría abrir espacio a negocios privados en detrimento del interés público, coincidiendo con las preocupaciones del FOSDEH que demandó que la salud se vea como «derecho humano» sin privatización, y del Padre Melo que incluyó la «no privatización de servicios públicos» entre sus demandas de medidas de fondo.
Defensa gubernamental: temporalidad y modernización como argumentos
La designada presidencial María Antonieta Mejía ha tenido que salir públicamente en múltiples ocasiones a aclarar que la gestión directa de Asfura en Salud es temporal y «no se trata de una privatización», evidenciando que la narrativa gubernamental enfrenta resistencia significativa.
Mejía explicó que el sistema hospitalario del país carece de la capacidad instalada necesaria para atender la demanda actual. «No tenemos la capacidad instalada en los hospitales; el oxígeno, el aire acondicionado y la estructura están obsoletos. Hay áreas que ya no se usan porque su maquinaria es bastante antigua y necesita mantenimiento«, señaló, describiendo el deterioro estructural heredado.
La funcionaria indicó que el gobierno busca modernizar la logística y el equipamiento hospitalario, además de fortalecer los quirófanos, aunque reconoció que no es posible hacerlo de manera simultánea en todos los centros asistenciales.
«Queremos fortalecer los quirófanos, pero no lo podemos hacer de forma pareja cuando se tiene una mora quirúrgica. Por eso se priorizan alianzas estratégicas para salvar vidas humanas», justificando el recurso al sector privado como medida transitoria.
Mejía enfatizó que la ley no implica privatización del sistema de salud y aclaró que su aplicación es temporal. «Esto no es permanente. Es mientras se ordena el sistema de salud, se revisa el tema de planilla, gasto corriente, actualización de recursos y se buscan más fondos para la salud, de forma paralela a acciones contundentes para reducir la mora quirúrgica», sostuvo, prometiendo que paralelamente se trabajará en reformas estructurales.
Sin embargo, la ausencia de un ministro titular en Sesal y la implementación de un equipo multidisciplinario sin rostro visible genera interrogantes sobre la rendición de cuentas y la claridad de responsabilidades, considerando que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) demandó transparencia y que funcionarios sean tolerantes a las críticas como parte del control democrático.
Contexto político: prueba de fuego para cogobierno PN-PL
La aprobación de esta ley constituye la primera prueba de fuego para el cogobierno entre nacionalistas y liberales, evidenciando que la alianza funciona en aspectos ceremoniales como la junta directiva del Congreso, pero enfrenta tensiones cuando se trata de políticas públicas estructurales que afectan intereses económicos y modelos de Estado.
El presidente del Congreso Tomás Zambrano prometió que la salud sería prioridad absoluta de la Primera Legislatura, comprometiéndose a que cuando un hondureño «sale con receta sin medicamentos» el Congreso debe responder, pero la rapidez con que se pretende aprobar una ley de esta envergadura sin socialización adecuada podría generar resistencia no solo de liberales sino de sectores nacionalistas sensibles a críticas de privatización.
El diputado nacionalista y médico Roberto Cosenza ha defendido la emergencia sanitaria y el fideicomiso como solución al «problema histórico que ningún gobierno ha resuelto», argumentando que la falta de presupuesto oportuno genera atrasos en pagos a proveedores que elevan precios, pero incluso dentro del oficialismo hay conciencia de que la ley requiere controles para evitar corrupción.
La rapidez con que el gobierno busca aprobar la ley —presentada domingo 25 de enero, dictaminada en cuatro días, aprobación programada lunes 2 de febrero— contrasta con el llamado de sectores de «socializar bien» con gremios, generando percepción de que el Ejecutivo busca hechos consumados antes que resistencias se articulen.
Dilema estructural: cirugías privadas versus inversión pública
El debate de fondo trasciende la ley específica y plantea un dilema sobre el modelo de salud: ¿es más eficiente y menos corrupto enviar pacientes a hospitales privados con pago estatal, o invertir esos mismos recursos en habilitar los 41 quirófanos inoperantes, contratar los 18,000 médicos faltantes y modernizar la infraestructura pública?
Los críticos argumentan que cada cirugía en hospital privado cuesta múltiplos de lo que costaría en hospital público, generando una transferencia de recursos del erario hacia empresas privadas que no necesariamente se traduce en fortalecimiento del sistema sino en dependencia permanente del sector privado para servicios que debería proveer el Estado.
Los defensores responden que la urgencia de las 14 mil cirugías pendientes con pacientes esperando hasta 120 días no permite esperar años de inversión en infraestructura pública, requiriendo soluciones inmediatas que salven vidas ahora mientras paralelamente se modernizan hospitales públicos, aunque sin garantías contractuales claras de que esta modernización efectivamente ocurrirá.
La experiencia del IHSS donde se lograron avances mediante cirugías de fin de semana y unidades ambulatorias sugiere que existen alternativas dentro del sistema público que no han sido exploradas suficientemente, cuestionando si el recurso a hospitales privados es verdaderamente la única solución o simplemente la más conveniente para intereses particulares.
Expectativas y riesgos: semana definitoria para política de salud
La próxima semana será definitoria para el modelo de salud que Honduras implementará durante al menos un año, con posibilidad de prórroga que podría extenderlo indefinidamente si los controles propuestos por liberales no prosperan. La sesión del lunes determinará si prevalece la visión del Ejecutivo de velocidad y alianzas público-privadas, o si el Congreso impone controles, socialización y priorización del fortalecimiento público.
El Colegio Médico aseguró estar «abierto» a escuchar a congresistas, pero su diagnóstico de que el problema es estructural —déficit de 18,000 médicos— y no solo de mora quirúrgica, plantea que cualquier ley de emergencia será insuficiente si no se acompaña de estrategia de largo plazo para formar y contratar masivamente recurso humano en salud.
La ASJ ya advirtió que Honduras no debe debilitar instituciones de protección en su reducción del Estado, mientras el FOSDEH demandó Gran Pacto Nacional que incluya salud como derecho sin privatización, evidenciando que el debate trasciende lo técnico y plantea concepciones diferentes sobre el rol del Estado en servicios esenciales.
Para el presidente Asfura, quien apostó su reputación política asumiendo personalmente Sesal, la aprobación de esta ley y la demostración de resultados en reducción de mora quirúrgica en sus primeros 100 días será crucial para mantener el capital político y la narrativa de que su gobierno es diferente al «abandono» de cuatro años de Castro que dejó hospitales colapsados.
El pueblo hondureño observa expectante si finalmente un gobierno logrará resolver la crisis sanitaria crónica que obliga a pacientes a morir esperando cirugías, a salir con «recetas sin medicamentos», y a ver cerrados 41 quirófanos por falta de mantenimiento, o si esta será otra oportunidad perdida donde la urgencia justifique decisiones que a largo plazo perpetúen la dependencia del sector privado y la precarización del sistema público de salud.
