Tegucigalpa – En un nuevo giro de los acontecimientos relacionados con el allanamiento del Congreso Nacional, el asesor legal del presidente del Congreso, René Adán Tomé, fue liberado junto a cuatro agentes de seguridad, tras ser detenidos por supuesta obstrucción a la justicia durante el operativo realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En una conferencia de prensa posterior a su liberación, Tomé defendió sus acciones citando el artículo 201 de la Constitución de la República, que establece la inviolabilidad de las instalaciones del Congreso Nacional y requiere autorización expresa del presidente del Congreso para el ingreso de la fuerza pública, autorización que según Tomé, no fue otorgada por Luis Redondo.
El asesor legal destacó que desde 2022, bajo la dirección de Redondo, el Congreso ha colaborado activamente con investigaciones anteriores, incluyendo la entrega de equipos informáticos y documentación de pagaduría y otras dependencias administrativas. Sin embargo, cuestionó el procedimiento utilizado en esta ocasión por el Ministerio Público.
«No puede venir a investigar a ver qué encuentro. Una investigación cuando se está realizando debe recoger única y exclusivamente la información y la documentación relacionada con el caso», argumentó Tomé, quien además señaló que han estado comprometidos con la lucha anticorrupción desde 2012.
Esta situación se produce en medio de una crisis institucional que comenzó esta mañana cuando el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, ordenó el decomiso de documentos en el Congreso Nacional, culminando con un ultimátum de 72 horas al presidente Redondo para la entrega de información específica sobre la investigación de la denominada «Red de Diputados».
El incidente ha generado un debate sobre los límites constitucionales entre poderes del Estado y los procedimientos adecuados para las investigaciones anticorrupción, mientras el país observa el desarrollo de esta crisis institucional sin precedentes.
