Tegucigalpa. – La Coalición Anticorrupción que conforman más de 20 organizaciones de sociedad civil, se pronunció en un amplio comunicado sobre la excarcelación de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, lo que considera es justicia selectiva y con ello se generó un nuevo pacto de impunidad en Honduras.
La decisión tomada por el Tribunal de Sentencia para dejar en libertad a la exprimera dama, muestra cómo el sistema de justicia opera selectivamente, dando respuesta expedita a quienes ostentan relación con los círculos de poder y asegurando sus beneficios, señala escrito.
Asegura que con el desmantelamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el debilitamiento de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), y un CNA sin facultades para presentar ante el Poder Judicial requerimientos fiscales, pese a tener investigaciones completas para poder ser judicializadas, se consolida el pacto de la impunidad en el país.
“Este pacto cobró fuerza con la negativa del gobierno de admitir los reiterados reclamos ciudadanos y las recomendaciones de la comunidad internacional para renovar el convenio MACCIH”, refiere.
Según la Coalición, el segundo paso fue desarticular a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC); no solo le cambiaron el nombre, sino que sistemáticamente, han estado desestimulando el trabajo de sus operadores, restando sus atribuciones, quitándoles recursos y protección, bajándoles de categoría y disminuyendo sus salarios.
Agrega que el tercer paso fue asegurar la entrada en vigor del nuevo Código Penal, una carta de salvación para las élites políticas económicas corruptas que aún con una condena, evitarán una pena ejemplificante o incluso podrán salir en libertad.
Con la desintegración del marco legal e institucional anticorrupción, ahora van tras el objetivo de sentar la impunidad de los casos emblemáticos, avizora.
La Coalición Anticorrupción, demanda a la institucionalidad del Estado la adopción de medidas para reinstaurar la legalidad, legitimidad y funcionalidad del sistema nacional anticorrupción.
Por lo que hace una serie de peticiones entre ellas: que se proceda a la publicación del Decreto Legislativo alusivo a la abrogación del nuevo Código Penal, para que sean eliminados los beneficios que presenta esta herramienta jurídica para las personas vinculadas en actos de corrupción.
Agrega que además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para proyectos de orden social, comunitarios infraestructura y programas sociales, conocido como Ley Especial del Fondo Departamental, que violenta la Constitución de la República, al obstaculizar las atribuciones del Ministerio Público para investigar funcionarios del Estado y cualquier otra persona natural o jurídica que ejecute fondos públicos
Demanda que el Ministerio Público, adopte las medidas necesarias para garantizar que la UFERCO cuente con los recursos para continuar con la investigación de las redes de corrupción, incluyendo los procesos de los casos de alto impacto.
Asimismo, exige al Congreso Nacional que otorgue al Consejo Nacional Anticorrupción, mediante las reformas legales pertinentes, las facultades necesarias para la presentación de requerimientos fiscales y la comparecencia legitima ante los tribunales de justicia, como parte, en los procesos contra las redes de corrupción.
Sobre el caso de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, se exige que el juicio se realice con el respeto del debido proceso, garantizando el cumplimiento de los principios y preceptos penales, así como el actuar responsable, objetivo e independiente de los funcionarios operadores de justicia, donde el latrocinio y los actos que van en detrimento de las finanzas del Estado de Honduras, no queden en impunidad una vez más.
